Con huelgas, manifestaciones y ocupaciones de edificios públicos, los estatales sanjuaninos están resistiendo el intento gubernamental de hacerles pagar —mediante una violenta reducción de sus salarios— el vaciamiento capitalista de la provincia.

Los grandes grupos capitalistas provinciales –Pulenta (Bieckert-Crush), Cartellone (Resero), Pescarmona, Paolini, el propio gobernador Escobar– vaciaron la banca provincial. Valiéndose de su condición de grandes accionistas del banco (el 49% de las acciones está en manos privadas), los grupos capitalistas se “auto-otorgaron” préstamos por decenas de millones (El Cronista, 27/7) que, claro, nunca devolvieron: “sobre 300 carpetas (créditos) importantes, sólo 50 no tienen problemas” (ídem).

La lista de los grandes deudores del banco incluye —en primer lugar— a las empresas del grupo del gobernador Escobar, el grupo Paolini, “un empresario italiano que logró del gobierno todas las licitaciones habidas y por haber” (Página/12, 29/7), a Pescarmona, a Alberto Catena (latifundista y representante-testaferro en la Argentina de Mario Conde, presidente del fundido Banco Banesto de España) … y la lista sigue. Los mismos grupos son, también, los grandes deudores de la empresa provincial de energía por varios cientos de miles de dólares cada uno.

En diciembre pasado, para evitar la quiebra, el gobierno utilizó los fondos coparticipados y de los impuestos provinciales para pagar las deudas del banco (Página/12, 30/7). Por eso, “el banco le debe al Estado provincial 63 millones de dólares” (ídem) … una suma equivalente a más de dos meses de sueldos y aportes previsionales de todos los empleados provinciales (El Cronista, 27/7).

Los maestros, estatales y jubilados comenzaron entonces a cobrar con atraso, porque sus salarios habían sido utilizados para sostener al banco, es decir, a los capitalistas que lo vaciaron. Antes que Escobar, Angeloz en Córdoba y Massaccesi en Río Negro ya habían metido la mano en las jubilaciones, los salarios y las partidas de salud y educación para evitar la quiebra de los bancos provinciales … y la ejecución de sus deudores capitalistas.

La “ley de emergencia” sanjuanina —reducción salarial del 30%, reducción de los adicionales por antigüedad, despidos de los contratados y de los docentes suplentes e interinos, reducción de las jubilaciones— fue redactada por Roberto Esteso, funcionario del ministerio de Economía nacional, que además fue colocado por Cavallo como “comisario político” en el gabinete de Escobar, para garantizar la aprobación de la rebaja salarial.

La rebelión popular que vive San Juan es la respuesta popular a este saqueo capitalista.