La semana pasada, tras una denuncia, la Municipalidad de San Martín de los Andes clausuró una obra en pleno centro de la ciudad, donde vivían dentro del obrador nueve trabajadores hacinados en plena pandemia.

Los obreros vivían en una casilla improvisada de 3 por 3 metros, sin las más mínimas condiciones de seguridad e higiene, tal como reflejamos en otro artículo de PrensaObrera.com.

La novedad de estos días es que se hizo público que el Juzgado de Faltas municipal no ha encontrado razones para sancionar a la patronal por la violación de elementales medidas de bioseguridad, sino que tampoco encontró motivos para sancionar el hacinamiento del ambiente donde vivían.

Para el juez Carlos Sánchez Galarce, así como para el propietario, los trabajadores se hospedaban en “una vivienda” construida especialmente y además, afirma que no hay ley que penalice el hacinamiento. Este juez concibe que en un espacio de 12 metros cuadrados pueden vivir nueve personas como si fuera una casa, y deja así un precedente para las futuras obras que se construyan sobre el ejido municipal.

El juez se limitó a imponer una multa irrisoria de $22.500, avalando el desprecio de las patronales y las y los funcionarios respecto a las y los trabajadora/es que ponen el lomo para levantar lo que la propaganda oficial denomina como “la aldea de montaña donde nos cuidamos entre todas/os y cuidamos la naturaleza y sus recursos”.

El dictamen del juez de Faltas generó mucha indignación, al punto que el gobierno municipal pretende ahora despegarse, cuando es obvio que hizo la vista gorda con sus inspecciones -la última habría sido apenas días antes que estalle el escándalo.

Está sobre el tapete una conducta habitual de los comerciantes y empresarios hoteleros y de gastronomía, tanto en las temporada de invierno como de verano, de tener en negro a sus trabajadores, sin reconocimiento de francos y largas jornadas de trabajo.

Por eso, este fallo es un antecedente anti obrero del cual se agarrarán todas las patronales. El delegado zonal de la Uocra, Guillermo Olaran, tampoco podía ignorar la situación de los obreros.

Son contadas las obras de la zona que hacen cumplir las mínimas normas de seguridad e higiene. San Martin de los Andes, desde los años 90, no para de crecer bajo este tipo de modalidad de mano de obra barata y trata de personas.

Nuestro planteo de comisiones de seguridad, integradas por los propios trabajadores, para garantizar las condiciones de bioseguridad ante la pandemia y la elección de delegados en todas las obras, es el camino para terminar con esta barbarie.