El miércoles 12/5 en el Concejo Deliberante de San Miguel se aprobó la rendición de cuentas del año pasado con 13 votos a favor y 10 en contra. El oficialismo de Juntos por el Cambio contó con el apoyo de Sergio O. Vallejos del bloque FR, que está en el Frente de Todos, el cual convalidó la orientación ajustadora del municipio.

Se trata de un presupuesto de 15 mil millones de pesos anuales que no se vieron reflejados en solucionar las necesidades de los trabajadores de la salud y las barriadas en plena pandemia. Se trata de una cifra irrisoria y que no condice con enormes sumas de dinero que el municipio recauda en impuestos.

La llamada “restructuración sanitaria” cubría solo una cama cada 2.700 habitantes y solo 50 del total para Covid. La mayoría fueron destinadas para la sede de la Universidad del Salvador, trasladando así, una parte importante del presupuesto al clero. Otra porción menor de las camas se dispuso en los distintos nosocomios de la zona. La “restructuración” no dio ninguna solución a las demandas de los trabajadores de la salud como el aumento salarial, pase a planta permanente y la inversión en aparatología e insumos, solo para mencionar algunos. El vaciamiento sanitario en el distrito lo han puesto de relieve los trabajadores del Hospital Larcade.

En los barrios, el abandono del municipio es total, solo un 50% cuenta con red de agua potable y el 40% carece de cloacas. A esto le tenemos que sumar el hacinamiento que viven muchas familias debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda y la falta de trabajo. A su vez, crece el hambre por lo que aumenta la demanda de los comedores barriales, mientras el municipio se niega a aumentar la cantidad de alimentos que envía a dichos comedores. Mientras se incrementa el déficit habitacional en San Miguel, avanza el desarrollo de distintos negocios inmobiliarios como los de Altos de San José, un predio de 21 hectáreas que pertenecía a los Jesuitas.

El presupuesto que es sostenido por los trabajadores de San Miguel por medio del pago de los impuestos municipales, registro de conducir, habilitaciones comerciales, patentes, derechos de construcción , etc. termina siendo botín de los negociados de los diferentes arcos políticos y de la Iglesia que cumple la función de contención social frente al crecimiento de la pobreza. En oposición a ello, el presupuesto tiene que estar destinado a solucionar las demandas de los trabajadores de la salud y en darle una salida a las miles de familias.

Para ello es necesario reforzar la organización independiente de los trabajadores de los barrios y de la salud de la política de ajuste y hambre de los partidos del régimen.

Es urgente la ampliación en calidad y cantidad de los alimentos a los comedores barriales, la ampliación de obra pública para garantizar la red de agua y cloacas y un plan de viviendas, kits sanitarios para los comedores, comités de seguridad e higiene electos y supervisión de las obras electo por los barrios.

Por la reincorporación inmediata de Soledad Dreise, despedida del Hospital Larcade, la restitución a sus puestos de trabajo a los desplazados, apertura de los libros contables del municipio y del hospital, aumento del presupuesto en salud, recomposición salarial, salario igual a la canasta familiar, paritarias libres y por el pase a planta permanente de todxs lxs trabajadores. Aplicación inmediata de la ley IVE, que el municipio se niega a garantizar.