El 14 de junio se cumplen ocho años de la masacre de catorce mineros en Río Turbio. Sólo después de la conmoción que produjo esa tragedia, se reactivaron algunos proyectos históricos como la construcción de la usina a carbón. La empresa YCRT tomó personal y realizó algunas inversiones, bajo una intervención estatal que ya lleva nueve años.

La usina se encuentra a la mitad de su construcción, pero los mineros denuncian que no se han renovado los equipos claves de los frentes de producción. Al paso que vamos, va a haber una usina construida para quemar carbón y no va a haber carbón para quemar en ella. Como si fuera poco, el acomodo de amigos en la empresa ha derivado en una proporción absurda de jefes respecto del total de empleados, lo que también ha sido motivo de denuncias de los paritarios gremiales.

Isolux -grupo español que construye la usina- pretende administrarla a futuro y el Estado estaría dispuesto a concedérselo. Se plantearía así un emprendimiento estatal a pérdida en la mina y un negocio rentable privatizado en la usina.

La inquietud entre los trabajadores y la población va creciendo cuando se avecina una definición del futuro plan de producción y la forma legal que finalmente adopte la empresa en la cuenca carbonífera.

La ultraoficialista dirigencia de ATE, orientada por el diputado De Petri, ha propuesto reuniones con la dirección de la empresa y un grupo de diputados nacionales para definir un proyecto de empresa que los contenga en la conducción.

Los mineros del Partido Obrero han lanzado una carta abierta, que tuvo amplia difusión dentro de la mina y en los medios de difusión de la cuenca, en la cual fijamos nuestra posición. Planteamos una empresa estatal integrada que incluya la explotación minera, la usina y el tratamiento de los residuos. Proponemos un directorio con mayoría de trabajadores y técnicos de la empresa, electos y revocables por la asamblea. Además, planteamos la participación de representantes de la población de la cuenca para asegurar los controles sobre el medio ambiente.

La visita de los diputados nacionales se ha postergado, al menos hasta julio, revelando que no hay una decisión final sobre la figura legal de la empresa YCRT.

La dirigencia de ATE, ante nuestro volante y la inquietud reinante, se ha visto obligada a realizar reuniones por sectores y a prometer la realización de un nuevo "congreso del carbón" en el que la población, los gremios y los funcionarios discutan el futuro de la empresa.

Los anteriores congresos se hicieron en tiempos de la concesión a Taselli y votaron precisamente la lucha por la expulsión de aquel concesionario que vació a la empresa, lo que se consiguió por la lucha de los mineros un tiempo después.

La burocracia de ATE aspira a colocar un miembro en el directorio y defiende la unidad de la empresa carbonera con la usina. Pero este planteo choca con los planes oficiales, lo que preanuncia una crisis a corto plazo.

En esa crisis, hará sus primeras armas de lucha la nueva generación de mineros ingresados en los últimos años a la empresa.