07/01/2016 | 1396

Santa Cruz: ajuste a los trabajadores, piedra libre a las mineras


La séptima gobernación kirchnerista en Santa Cruz ha comenzado con una novedad: por primera vez, el gobierno será ejercido por un gabinete íntegramente camporista.


 


Pero lejos de la “resistencia con aguante”, Alicia Kirchner y La Cámpora han ido a suplicarle ayuda a Macri, mientras empiezan a caducar contratos de trabajadores precarios en el Estado y aplican otros recortes. Entre ellos, intentaron cerrar la ex Fundación Olivia, donde trabajan 250 obreros.


 


Estos primeros recortes han fracasado por la enérgica acción de los trabajadores. En Caleta Olivia cortaron la ruta en defensa de la fundación y después de varios días de duras negociaciones, lograron el compromiso de su continuidad laboral. Otro tanto vale para los estibadores de Puerto Deseado, quienes también debieron cortar la ruta para lograr el pago del subsidio comprometido por el Estado.


 


La pelea por la renovación de contratos a los precarizados del Ministerio de Desarrollo, encabezada por ATE, con el apoyo del Centro de Estudiantes de la UNPA, la CTA y el Partido Obrero, derivó en la permanencia de una semana -incluyendo la Navidad- en el edificio, un acampe posterior en Casa de Gobierno y un arbitraje judicial que ha planteado un compromiso provisorio de continuidad, mientras se analizan los diversos tipos de contratación precaria de unos 600 trabajadores.


 


Por cadena provincial, Alicia lanzó un decreto “de reordenamiento”. Es una declaración de “emergencia económica” y preanuncia un desafío contra los convenios vigentes, contra el régimen jubilatorio y contra las paritarias que deben reunirse en febrero-marzo para los empleados estatales, docentes y municipales.


 


El resultado de todos estos años ha dejado una provincia quebrada, con salarios de miseria, pueblos sin agua, barrios sin gas, escuelas colapsadas, hospitales sin insumos ni profesionales.


 


El decreto de Alicia K ni se plantea su ratificación por la Cámara de Diputados, siendo que modifica condiciones laborales y asignaciones presupuestarias, por lo que debe ser objeto de tratamiento legislativo. En esto de los decretazos ilegales Alicia Kirchner y Mauricio Macri son como dos gotas de agua. Y podríamos sumar las emergencias decretadas por varios intendentes radicales, delatando la comunidad de métodos e intereses sociales existente entre los tres partidos que gobiernan en los distintos niveles del Estado.


 


El decreto se presenta como ordenador y ahorrativo, pero una lectura atenta nos muestra que se han reservado el manejo de la propaganda oficial del Estado, que incluso podrá aumentar. También se han reservado el derecho a nombrar todos los cargos políticos y de jefatura que se les antojen.


El decreto aplica el principio de que “la gente se queda afuera” incluso aunque no sirva para que cierren las cuentas, que viene a ser exactamente lo opuesto a lo prometido por Máximo Kirchner cuando nos hablaba de “cerrar las cuentas con la gente adentro”.


 


Una quiebra más general


 


La intención de descargar la crisis sobre los trabajadores no servirá siquiera para zafar de la crisis provincial.


 


El imperio de Lázaro Báez se derrumba con sus obreros haciendo piquetes para cobrar y en sus empresas en quiebra. La usina de Río Turbio está tomada por los obreros de la construcción que tampoco han cobrado. Los pagos de los jubilados y estatales se han atrasado varios días este comienzo de año, y Macri amenaza con cerrar Río Turbio y frenar la obra de las represas. Las petroleras están levantando equipos del campo, lo cual traería miles de despidos. Las patronales quieren trasladar a los trabajadores los costos de su pulseada con Macri-Aranguren por el precio sostén del crudo, lo cual ya motivó una gigantesca marcha en Comodoro Rivadavia a fines de diciembre.


 


Por donde se la mire, la situación en Santa Cruz es un polvorín social a punto de estallar y las políticas de ajuste de Alicia no harán más que encender la mecha.

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