El conflicto docente en Santa Cruz tomó un cariz nuevo ante la toma del Consejo Provincial de Educación (ministerio) por parte de los maestros agrupados en el sindicato ADOSAC luego de una serie de provocaciones montadas por la titular de la cartera, Cecilia Velázquez.

 

Ante el congelamiento salarial que continúa a pesar de la llegada de fondos adelantados de la coparticipación para pagar los sueldos a término (en el marco del acuerdo del ajuste entre la gobernadora Alicia Kirchner y el gobierno nacional de Mauricio Macri), los docentes habían decidido seguir el paro hasta que el gobierno brinde una propuesta de aumento superadora. Sin embargo, el congelamiento continúa. Ante la persistencia del paro, la gobernadora Kirchner y la ministra Velázquez decidieron urdir una maniobra para dividir al movimiento de huelga, pidiendo a los directivos de las escuelas -que participan activamente del paro- las planillas de asistencia para efectuar descuentos a los huelguistas. Como los directivos no se plegaron a la maniobra, el gobierno decidió efectuar descuentos masivos en el pago a los maestros. No satisfecha con los descuentos extorsivos, la ministra amenazó con aplicar el artículo 293 del Código Penal a los directivos de las escuelas, que indica: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”. Una amenaza de judicialización de la protesta gremial en toda la regla.

 

“Las amenazas de aplicar el código penal son ridículas o trasnochadas, pero lo peor es que provienen de personas que como la señora Velázquez están imputadas ante la justicia por organismos de control del propio estado por falsificación de facturas -dijo Miguel Del Plá, dirigente del sindicato docente ADOSAC y precandidato a senador por el Frente de Izquierda-. Es decir que la señora Velázquez está familiarizada con el artículo 293 del Código Penal, con el agravante de que el suyo es un caso de corrupción con los dineros públicos por muchos millones de pesos, y no de un reclamo laboral, amparado en el derecho constitucional de huelga como el que llevan adelante los docentes a los que se pretende perseguir”.

 

Ante los descuentos en los recibos salariales y la amenaza de prisión a los directivos adheridos al paro docente, los maestros decidieron ocupar el edificio del Consejo de Educación Provincial -así es conocida la cartera educativa en la provincia- y realizaron una asamblea de 200 asistentes durante la noche miércoles 5, que votó la permanencia. La ministra Velázquez decidió utilizar la victimización como respuesta, en busca de una escalada represiva. La funcionaria -que es investigada penalmente por haber presentado facturas apócrifas por 3.300.000 pesos cuando cumplía funciones en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el anterior gobierno- se atrincheró en su oficina como si fuese rehén de los trabajadores, que aclararon que la ministra podía retirarse en cualquier momento. Es más, la asamblea decidió solicitar que tres policías presentes en el edificio no se retiraran para que constara que no se estaba realizando ninguna acción que atentara contra la integridad de Velázquez y los funcionarios que se quedaron en su despacho. Al publicar estas líneas, el edificio seguía ocupado por los docentes.

 

El congelamiento salarial no es privativo de los docentes, sino que forma parte de una política oficial dirigida hacia todos los trabajadores de la provincia. “Hay una gran pulseada que se está jugando para impedir el congelamiento de los sueldos y es parte de todo el movimiento obrero que pelea contra el ajuste”, dijo Del Plá.

 

Mientras tanto, la gobernadora Kirchner se apresta a firmar un pacto con el gobierno nacional que apunta a profundizar el ajuste en la provincia. A mediados de junio el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne había acordado con la gobernadora el envío de 1.200 millones de pesos -en cuotas- a cambio del compromiso de alcanzar “equilibrio fiscal”, que no significa otra cosa que el ahondamiento de las políticas antiobreras de los Kirchner en Santa Cruz. El acuerdo con el ejecutivo incluía no efectuar designaciones ni contrataciones de personal en la Administración Pública que impliquen un crecimiento de la dotación de estatales ni cubrir las vacantes de personal que se susciten. Y revisar e intensificar los controles de ausentismo del personal. Es decir, impulsa una nueva reforma laboral, a la vez que plantea el achicamiento del personal estatal santacruceño.

 

El nuevo acuerdo que firmará la gobernadora Kirchner este viernes 7, según el diario Clarín, plantea un mayor control del empleo público poniendo límites “al incremento de la plantilla”, a la vez que impulsa el desarrollo de “una adecuada estructura del Estado”, eufemismo que quiere encubrir una política de despidos. La firma del así llamado “Compromiso Federal para la Modernización del Estado” da cuenta de cómo el ajuste del presidente Macri es replicado por gobernadores K.

 

¡Viva la lucha de Santa Cruz! Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores.