El reconocimiento de un precio sostén del barril de petróleo de 45 dólares el no garantiza en modo alguno que las petroleras no recorten sus inversiones o mantengan a sus planteles de trabajadores. Lo más probable es que esos subsidios, que paga todo el pueblo en los precios de los combustibles, vayan a la compra de dólares y el giro de dividendos al exterior.

Varias consultoras advierten que podrían venir unos 1.500 despidos en Santa Cruz, especialmente en las contratistas de la zona norte de la provincia, por la simple razón de que no se van a realizar perforaciones, que es la actividad que ocupa a buena parte de la mano de obra.

La Ley de Emergencia Hidrocarburífera, que los diputados del PJ-Kirchnerismo, Encuentro Ciudadano y UCR aprobaron por unanimidad con la promesa de frenar los despidos y la rebaja de sueldos, es papel mojado. Este mes los obreros de yacimiento de Jerárquicos, de Petroleros y de la Uocra sufrieron enormes descuentos de sus salarios.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, Claudio Vidal, si bien no firmó un acuerdo para rebajar salarios, presionó a los petroleros que fueron al Ministerio de Trabajo para que aceptaran cobrar 30, 40 y hasta 50% menos que su sueldo habitual. Actúa como en 2016/17, cuando no firmó una “adenda” flexibilizadora del convenio pero permitió el despido de miles de petroleros.

El gobierno de Alicia Kirchner promete que, a pesar de la crisis rampante, no tocará un peso de las ganancias de los pulpos extranjeros que explotan los recursos de la provincia. Es el caso de las petroleras y también de las mineras que extraen oro y plata, que en los últimos cuatro años facturaron nada menos que 8.000 millones de dólares.

Antes que afectar esos intereses, el gobierno optó por seguir endeudando a la provincia para hacer frente al pago de salarios de estatales y docentes, que se ubican en niveles de pobreza. Ni hablar de la posibilidad de volcar recursos al sistema de salud en plena pandemia. Desde el Partido Obrero presentamos hace un mes un proyecto de ley para prohibir los despidos y garantizar el pago íntegro de los haberes, pero todos los diputados se rehusaron a ponerlo en el debate. Además, reclamamos un impuesto de emergencia a las grandes fortunas y a las actividades extractivas de la provincia, y la apertura de los libros de las empresas para evitar que los subsidios vayan a la fuga de capitales mientras despiden trabajadores y recortan salarios. La salida para el pueblo trabajador requiere de la nacionalización de los recursos naturales bajo control obrero, y terminar con este régimen de beneficios a los pulpos que saquean la provincia.