Estafan a los mapuches

Con absoluto sigilo, la minera estatal de Santa Cruz (Fomicruz) está buscando uranio desde 2007 en la Reserva Laguna Sirvén, a 60 km de Las Heras. Es un área de 15.000 hectáreas, parte de las cuales fueron entregadas a la familia mapuche Limonao por el entonces gobernador Néstor Kichner. Sin embargo, una ley provincial prohíbe la explotación de elementos radiactivos dañinos para el medio ambiente. El “anuncio” fue formulado por el ministro de Planeamiento Julio de Vido: “En el corto plazo vamos a estar produciendo este mineral estratégico”, dijo. No le quedaba más remedio, porque los Limonao denunciaron ante el Concejo Deliberante de Las Heras que Fomicruz firmó a sus espaldas un convenio para utilizar las tierras, aprovechando que el cacique, José Limonao, es analfabeto.

“Hicieron firmar a una persona iletrada, que no sabe ni siquiera cuándo fue, ni podía entender qué iban a hacer en sus campos”, confirmó la concejala Graciela Artiles (La Nación, 28/3). De cualquier manera, los Limonao dicen que la minera ni siquiera terminó de pagar los 2.000 pesos que le prometieron al cacique. En Fomicruz lo desmienten y aseguran que le pagaron 34.000 pesos, pero Limonao vive en un barrio muy humilde de Las Heras y tiene la luz cortada por falta de pago (www.opisantacruz).

El “convenio” entre Fomicruz y el cacique fue sellado por la empresa Mercest S.A., que se ocupará de la explotación geológica de Laguna Sirvén. Mercest está presidida por Susy Bello Knoll, una socia de Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido, con quien comparte varias cátedras en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina. Bello Koll es, además, la propietaria del departamento que alquilan los De Vido en la Capital Federal.

La explotación de uranio es absolutamente ilegal en Santa Cruz. De Vido precisó que se hará por medio de un convenio entre Fomicruz y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que contempla la exploración en otras áreas de la provincia. No mencionó que la ley provincial 2249 (junio de 1991) prohíbe “la instalación de centrales nucleares, depósitos transitorios o permanentes de residuos radioactivos, plantas o establecimientos de cualquier tipo que elaboren o utilicen durante el proceso de producción, elementos que pudieren producir contaminación radioactiva”. También impide “la circulación o transporte por cualquier medio, de residuos radioactivos provenientes de combustible nuclear, de centrales nucleares o de plantas de procesamiento”. Tal vez por eso el presidente de Fomicruz, Miguel Ferro, intentó relativizar el avance de la exploración. Fue desmentido por pobladores de la zona, que afirman que desde hace más de dos años están operando unos 20 equipos de prospección y exploración, que el lugar está custodiado por matones, que sacan el producto por los puertos de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia y que “desde hace dos años se han producido compras importantes de estancias, especialmente en las zonas donde hay minerales y más precisamente uranio”.

La explotación de uranio se considera “muy peligrosa” porque es altamente nociva para el medio ambiente y los humanos, entre otras razones porque exige el uso intensivo de ácido sulfúrico y amoníaco gaseoso. En la Argentina, según la Auditoría General de la Nación, no hay normas que regulen “la problemática relacionada con la actividad minera y concentración de uranio”, ni la gestión de residuos radiactivos en los complejos mineros ni existen programas que los monitoreen (ídem).

Olga Cristóbal