La Cámara de Diputados acaba de votar una “emergencia hidrocarburífera”, consensuada y aprobada por unanimidad entre los diputados K y los de Cambiemos.

 

La ley no tiene efecto directo contra los despidos sino que “faculta al poder ejecutivo a negociar con las empresas” para que suspendan los despidos por 180 días. Se propone “convencer” a las empresas para que voluntariamente accedan a no despedir, estableciéndose a cambio una cláusula de “paz social” para los sindicatos.

 

En su articulado se propone controlar los compromisos de inversión, exigir la reactivación y promover acuerdos para prohibir despidos. Son obligaciones que la Cámara y el gobierno tenían ya de hace mucho, desde que se firmaron las concesiones y mucho más cuando se firmaron las prórrogas a las concesiones petroleras a partir de 2007. El asunto es que nunca controlaron, nunca exigieron y nunca defendieron realmente a los trabajadores. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora?

 

En septiembre del año pasado el Partido Obrero presentó un proyecto en esta legislatura para prohibir los despidos en el sector petrolero, pero nuestro planteo fue desestimado por los mismos que han firmado esta ley, luego de una sangría que afecta a 1.600 obreros entre las suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones compulsivas y despidos; no solo de los petroleros  de SAI, SP, Petreven o Seave; sino también a trabajadores de INDUS, Iberoamericana y Cerro Dragón, quienes bajo el convenio de UOCRA trabajan en el yacimiento.

 

¿De donde viene el problema?

 

YPF ha decidido no invertir en perforación en las áreas que posee en Santa Cruz. Ha retirado los equipos y cancelado las órdenes de trabajo a muchas empresas, entre ellas San Antonio Internacional que ya despidió 334 obreros en un primer conflicto que está en conciliación obligatoria y vence este fin de semana. Otros varios conflictos presentan el mismo panorama. Los despidos ya están y hay que dar una respuesta.

 

Esta crisis de YPF es parte del temario que están discutiendo Alicia y Macri, pero esas negociaciones son secretas, a espaldas del pueblo de Santa Cruz y de los trabajadores petroleros. Hay que recordar que el gobierno nacional es accionista mayoritario y la provincia tiene representación en el Directorio de YPF, lo que coloca a ambos gobiernos como responsables del desastre social que ya ha comenzado.

 

La ley de “consenso” entre FVS y Cambiemos abre el camino para la flexibilización laboral

 

En Neuquén y en Chubut las petroleras han logrado la modificación del convenio laboral a la baja y eso no impidió los despidos. Ahora vienen por la flexibilización laboral en Santa Cruz.

 

Toda la presión de los despidos coloca a los trabajadores en una situación precaria que facilite la aceptación de la flexibilización laboral del convenio, vía “adendas” truchas como las que se aprestan a firmar el Secretario General del gremio Claudio Vidal y la gobernadora Alicia K.

 

No es casual que el artículo 4 de la ley tenga una cláusula de “paz social” para los sindicatos, justo cuando más necesario es poner en pie de lucha a los trabajadores petroleros para enfrentar los despidos. Al revés de la “paz social” es preciso que toda la clase trabajadora se movilice junto a los petroleros, por el convenio y los puestos de trabajo. Hay que unir las luchas con los estatales y convocar a un gran paro provincial de la CGT y la CTA.

 

El Partido Obrero reclama una ley de prohibición de los despidos en el petróleo por dos años, la prohibición a retirar los equipos de los yacimientos, la apertura de los libros de las empresas y de sus planes de inversión al control de comisiones de trabajadores elegidas y responsables ante la asamblea, la exigencia de que se reconozca e indemnice el daño ambiental, la defensa irrestricta de todas las cláusulas del convenio laboral, la elección en asamblea de representantes de los trabajadores petroleros para que participen en las negociaciones que se realizan entre el gobierno nacional y el provincial sobre la actividad. 

 

Está planteada la anulación de las prórrogas y contratos que han sido conseguidos por medio de coimas como el caso de PAE, que está siendo investigado por la justicia.

 

La salida de fondo es la renacionalización de la producción petrolera y gasífera bajo gestión de los técnicos y trabajadores, con base en un plan nacional de inversión y explotación de hidrocarburos.