Políticas

11/5/2017|1457

Santa Cruz: otra semana de marchas


Las dos últimas asambleas públicas realizadas en Río Gallegos han avanzado en el planteo de la apertura de las cuentas públicas, la coordinación hacia un encuentro provincial de delegados en diez días y el reclamo de un juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner, como principal responsable de la crisis.


 


Las huelgas docentes, judiciales, viales y de ATE continúan con sus propias modalidades. Las ocupaciones de edificios públicos se han profundizado. Bloquean la actividad de la Caja de Previsión hace ya diez días y, a partir del 10 de mayo, la del Ministerio de Economía.


 


El lunes al mediodía, una comisión de padres ingresó a la Casa de Gobierno (cuatro madres) y pidió ser recibida por la gobernadora. De inmediato, se fue organizando un bloqueo al edificio, que se mantuvo durante 16 horas.


Las mamás salieron a las 20:30 horas, sin haber logrado la entrevista buscada y se sumaron a la asamblea pública que se trasladó a las puertas de la Jefatura de Policía. Allí, sesionó en la calle con la presencia de unas 500 personas.


En la mañana, Alicia Kirchner se había reunido con diputados y senadores nacionales de Santa Cruz, entre ellos dos radicales, aunque el máximo referente de la UCR, Eduardo Costa, faltó a la cita. La idea era comprometer a la oposición provincial para que apoyen el endeudamiento que hasta ahora tienen trabado Frigerio y Macri. La realidad es que no logran cerrar un acuerdo: mientras los K pretenden por ahora concentrar el ajuste en el congelamiento de salarios, el gobierno nacional estaría exigiendo, además, despidos y una reforma jubilatoria, medidas que pueden desatar un estallido popular definitivo.


 


La asamblea resolvió que, mientras luchamos para cobrar sueldos adeudados, no debe relegarse la pelea salarial. Por eso, resolvió proclamar el reclamo de un mínimo de 20.500 pesos para todos.


 


El debate sobre las cuentas públicas se ha profundizado, ya que aparecen cuentas bancarias con saldos importantes (ejemplo el Fondo Educativo, con 408 millones de pesos) aunque el gobierno niega que tengan fondos y no ha mostrado los resúmenes de cuenta. El gobierno apuró la presentación del ejecutado 2016, pero hay rubros importantes como el fideicomiso minero (otros 400 millones de pesos) que no están rendidos. De todos modos, se niegan a un control actual y diario del manejo de los fondos, la única forma de asignar prioridades y decidir otras medidas de emergencia.


 


Entretanto, se agrava la crisis petrolera y el kirchnerismo intenta un pacto social con gremios y empresas. El probable fracaso de esta iniciativa va a plantear la cuestión de la caducidad de las áreas. Entre ellas, las de YPF, que son la mitad del total que se explotan en Santa Cruz, lo que traería un salto en la crisis política general. Hasta ahora, el movimiento de lucha de los estatales no empalma con los obreros del petróleo, sometidos a una burocracia sindical kirchnerista, que bloquea y divide al interior del gremio. Pero en un punto el empalme será inevitable.


 


Lo mismo ocurre con los mineros de Río Turbio y los paros de ATE contra los despidos, que se realizan desgajados del plan de lucha provincial. Ese gremio se ha negado a participar de las asambleas públicas donde Adosac, la CTA, padres y estudiantes vienen decidiendo los planes de acción. ATE ha ensayado un acuerdo con el burócrata petrolero Vidal a espaldas de cualquier asamblea, como parte de un acercamiento al gobierno K. Un importante grupo de activistas estatales vienen realizando asambleas en el Hospital de Río Gallegos, y participando -a pesar de su dirección- en las asambleas públicas, con participación e impulso de estas acciones de nuestra agrupación Tribuna Estatal.


 


En la tarde del miércoles 10 se realiza una nueva marcha que denominamos “ruidazo” y se han incorporado los reclamos de la jornada nacional contra el fallo amnistiador de la Corte por el 2×1, así como el rechazo a la represión en Santa Cruz.