Desafío a todo el movimiento obrero

En la mañana del lunes 24, debía concretarse la intervención de la Federación petrolera nacional sobre el sindicato de Santa Cruz. No es un secreto que esa intervención venía fogoneada por Kirchner, De Vido y Repsol, para terminar con las huelgas petroleras.

Pero la intervención se quedó en el ‘freezer’, al menos por ahora. Los dirigentes de la Federación se limitaron a desplazar a Segovia, el burócrata local, del manejo de la obra social. En ese mismo lunes tomaba estado público la ‘letra chica’ del acta que firmaron Segovia, las petroleras y los gobiernos de Kirchner y Peralta, que puso fin a veinte días de huelga.

La ‘letrita’ del acta establece la liquidación lisa y llana del derecho de huelga. En primer lugar, impone la prestación de “dotaciones mínimas para asegurar la normal provisión de hidrocarburos”. También plantea la “libre circulación por las vías de acceso a yacimientos, instalaciones y centros de almacenamiento”, lo que implica la prohibición de los piquetes y los cortes de ruta como métodos de lucha. Establece, asimismo, que en toda futura huelga se aplicará “el descuento del total de los salarios y todos los adicionales correspondientes a los días no trabajados”, precisamente cuando los obreros acaban de arrancarle a las patronales ese derecho, en la huelga reciente.

El acuerdo establece “la colaboración del Sindicato y del gobierno nacional para que, en caso de ser interrumpida la operatoria normal por medidas de acción directa, se instrumenten “todos los procedimientos de emergencia requeridos a efectos de garantizar la normal operatoria”. Se trata de una cláusula contra los delegados y las bases del sindicato, que procura la judicialización e incluso anuncia la militarización de los campos petroleros y terminales, como ya fue ensayado en la huelga petrolera de 2005. La “colaboración del Sindicato” refiere a que combata las medidas de lucha que impulsen los delegados de base. Habría que deducir de esto que la intervención se frenó cuando la burocracia local se comprometió a aplicar el libreto de los interventores.

“Estado de excepción” contra toda la clase obrera

Esta acta es un documento fascista, porque integra al sindicato a una función policial junto al Estado. Las petroleras han impuesto así un “estado de excepción”. Como señala un medio local, el acuerdo “no es sólo para los piquetes que realice ese sector (el petrolero), sino para todo aquel que (…) produzca cortes de rutas que impidan el paso de equipos de las empresas” (OPI, 1/9). En efecto, el movimiento sindical entero ha sido puesto en estado de sitio. Mediante estos procedimientos, Kirchner prepara el golpe para recuperar el control de la provincia.

Porque con el acta no sólo Segovia trata de salvar su ropa, también el gobierno de Peralta. Para sortear una destitución, Peralta se ha aferrado al programa de los destituyentes –los K y las petroleras. El “acta acuerdo” es un puntapié de un reordenamiento de la provincia en función de los intereses de las petroleras, mineras y contratistas.

La denuncia del “acuerdo” petrolero pasa a ser una cuestión crucial para todo el movimiento obrero de la provincia e, incluso, para toda la clase obrera del país. Es necesario iniciar una campaña de repudio por medio de pronunciamientos, firmas, asambleas y la realización de un congreso de trabajadores.

Marcelo Ramal