Hace poco más de una semana, tras una reunión entre Patricia Bullrich, el gobernador santafesino Miguel Lifschitz y su ministro de Seguridad, Maximilano Pullaro, fue anunciado un nuevo desembarco de la Gendarmería en la provincia. Prometen que el operativo será “impactante”, que buscará “saturar” las “zonas calientes” de la guerra narco y que se sumará al mismo la policía provincial.

Doctrina Chocobar

La política de “saturación” de gendarmes y policías ya se utilizó en el pasado y el resultado es que mientras la estructura narco sigue en pie, sostenida por el poder político y económico, se multiplicaron los casos de gatillo fácil. Entre ellos, están los de Jonatan Herrera, Michelle Campera, David Campos y Emanuel Medina (quienes fueron asesinados por la Policía de Acción Táctica) y el caso de Alexis Berti, los que muestran que en Santa Fe las fuerzas de seguridad cuentan con vía libre e impunidad para su accionar represivo. Es la aplicación de la “doctrina Chocobar” de Macri y Bullrich en territorio gobernado por el “socialismo”.

Este anuncio confirma en los hechos la coincidencia entre el gobernador Lifschitz y el Frente Progresista con la política represiva y de criminalización de los trabajadores que comanda Bullrich, que tuvo su expresión en los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y la cacería en las jornadas del 14 y 18D contra el robo a los-jubilados.

El objetivo que persiguen Lifschitz y Bullrich pasa por relegitimar un aparato desacreditado por su entrelazamiento con el narco para que sirva de soporte del plan de ajuste contra los trabajadores. Esto se da en paralelo a la firma del pacto fiscal de Lifschitz-Macri y su posterior aprobación en la Legislatura y al intento del gobierno provincial por imponer paritarias por debajo de la inflación. Un completo acompañamiento del gobierno “socialista” a la ofensiva antiobrera de Macri.

Militarización

Estas medidas están amparadas en la ley de emergencia en seguridad promovida por el PJ santafesino y votada por la Legislatura provincial en el año 2012 y que tuvo su réplica en el Concejo de Rosario durante el año 2016 y que contó hasta con el apoyo de los chavistas de “Ciudad Futura”.

El ex gobernador Antonio Bonfatti salió al cruce de la ministra Bullrich y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, contra una posible militarización de la ciudad. Pero lo cierto es que la militarización comenzó en Rosario durante el gobierno provincial del propio Bonfatti, en tándem con el ministro de Seguridad kirchnerista, Sergio Berni, cuando la desprestigiada policía de Santa Fe acumulaba denuncias por su entrelazamiento con el narcotráfico y su jefe, Hugo Tonioli, era desplazado.

Párrafo aparte merece la posición política del Frente Social y Popular de Carlos Del Frade, quien se opone a la militarización, pero en su oportunidad presentó un proyecto de comisión bicameral para “combatir el narcotráfico”, junto con Armando Traferri, uno de los “barones” del PJ, salpicado él mismo por denuncias de participación en el delito organizado.

Desde el Partido Obrero rechazamos la militarización y la criminalización de los trabajadores y planteamos un programa de salida al problema narco que atraviesa la provincia: apertura de los libros de las comisarías, destitución de todas las cúpulas y miembros de la policía implicados en el negocio narco. 

Basta de gatillo fácil, que los cuadros jerárquicos y los comisarios sean elegidos y revocados por el voto popular.

Exigimos la elección popular de jueces y fiscales. Para tocar la base del negocio narco planteamos la nacionalización de los puertos privados sobre el río Paraná, del juego y de la banca. 

Desmantelamiento de las bandas narcos y de las redes de trata. 

Hay que organizar una gran movilización de los familiares y las organizaciones de lucha en una acción independiente del Estado.