Políticas

4/10/2016

Santa Fe: no a la reforma del Código Procesal Penal

Un ataque a las libertades democráticas.


La legislatura de Santa Fe dio media sanción al proyecto de reforma de más de 50 artículos del código de procedimientos penales.


Este proyecto es el resultado de las negociaciones del gobernador con el Estado nacional, entre las cuales se dispuso el envío de gendarmería y la adhesión provincial a la ley de blanqueo, entre otros.


Con esta reforma se aumenta el plazo de arresto de 24 a un máximo de 72 horas, pudiendo ser prorrogado por otras 24, si las circunstancias “lo ameritan”, lo cual queda librado al arbitrio del funcionario de turno. Estos plazos laxos facilitan el armado de causas, recortando la posibilidad de la defensa en punto a las nulidades de los procedimientos mal realizados. En cuanto a la prisión preventiva, se modifican los requisitos y ya no será necesario que la pena sea de ejecución efectiva (superior a tres años), sin importar los montos máximo y mínimo que contenga la sanción. En otras palabras, el Estado incrementa su facultad de privar de libertad a personas sin condena firme.


Respecto de los allanamientos, con la nueva ley se podrán realizar a cualquier hora del día y ordenarse de manera oral, es decir, sin el requerimiento por escrito al juez donde se manifieste su justificación.


El proyecto de reforma otorga mayores facultades a los fiscales, quienes deberán optar, en caso de duda al momento de la investigación, por el delito consumado y no por su tentativa. Instaura la figura del agente encubierto, esto es, la del policía que resguarda su identidad con el fin de infiltrarse en organizaciones criminales, cuando es la misma policía la que ampara las zonas liberadas y el delito organizado. Se pretende incorporar la figura del “premio al delator”, lo que significa que el fiscal podrá renunciar a la persecución contra aquel sospechoso que brinde datos o ver disminuida su pena. Las leyes del arrepentido, que ya existen en el país, no han logrado desbaratar  ni una sola red de trata o de narcotráfico, lo que demuestra su total ineficacia.


El proyecto genera una especie de “registro de libertades”, esto es un medio para que tanto los particulares como organismos públicos puedan conocer quiénes están siendo sometidos a proceso judicial y gozan de libertad otorgada por el fiscal, lo cual constituye una violación al principio de inocencia y al derecho de privacidad, consagrados constitucionalmente.


El proyecto avanza en un contexto de fuerte movilización popular contra la inseguridad. Santa Fe encabeza el ranking de provincias con mayor índice de homicidios, incluido el “gatillo fácil” policial. La trata de personas y el narcotráfico bajo los gobiernos “socialistas”.


El gobierno de Lifchitz impulsa esta reforma reaccionaria en el marco de una crisis política a nivel provincial y nacional, marcada por la aplicación del ajuste. Los delitos que la reforma supuestamente viene a combatir se desarrollaron hasta el extremo sobre la base de involucrar al conjunto del Estado, su régimen político, su justicia y sus fuerzas de seguridad. Con esta reforma reaccionaria, que recorta libertades y garantías, Lifschitz apunta a brindar a jueces y fiscales las herramientas suficientes para que se desenvuelvan como garantes del ajuste contra los trabajadores.


Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazamos este proyecto. Es necesario que tanto jueces como fiscales sean electos por el voto popular, que se abran los libros de las comisarías y que se desligue de sus cargos y sean investigados los policías vinculados con la comisión de delitos, bajo el control de las organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos.


La reivindicación de las libertados democráticas esta enlazada directamente con la lucha contra el ajuste y el Estado, que pretende descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores.