29/05/2020

Santa Fe: que el gobierno de Perotti no nos robe el 82% móvil

Humberto Giobergia, director de la Caja de jubilaciones de Santa Fe, informó que el déficit de la Caja provincial es de $13.000 millones y que este déficit crece. Sin embargo, con más de 200.000 trabajadores activos que aportan el 14,5%, más el 17,2% que aporta el Estado y casi 90.000 jubilados es imposible que la Caja tenga déficit.


A inicios de la gestión del gobernador Omar Perotti, su ministro de Gobierno Esteban Borgonovo declaró que aunque la nación pagara la totalidad de la deuda que tiene con la Caja previsional de Santa Fe seguiría el déficit, y que sólo con modificaciones “de fondo” se podría autofinanciar la misma. Con la pandemia, el intento de reforma jubilatoria inscripto en el programa de gobierno del PJ quedó congelado, pero la avanzada en Córdoba debe alertar a todos los trabajadores santafecinos.


No a la “armonización”


Durante el gobierno de Carlos Reutemann se aplicó en Santa Fe la ley de emergencia previsional que instaló el aporte del 14,5% de los salarios (por arriba del 11%) que es el descuento para la Caja que rige hasta hoy. Reutemann estableció este descuento pero sin el 82% móvil, con jubilaciones paupérrimas, con docentes y estatales que no podían jubilarse, cuando los activos cobraban más del 40% del salario en negro. La lucha por imponer en las paritarias el salario sin sumas en negro y el 82% móvil para los jubilados fue el primer punto de las reivindicaciones de la docencia que comenzaba a organizarse para recuperar Amsafe Rosario. A partir de entonces todos los gobiernos que se sucedieron en la provincia -socialistas o peronistas- siempre informaron que la caja daba déficit.


Las transferencias que la Anses debe hacer a la Caja provincial están protocolizadas en la llamada Ley de Reparación Jubilatoria del año 2017, promulgada bajo el gobierno de Macri, hoy vigente, aunque el gobierno haya reemplazado la movilidad trucha allí establecida por aumentos por decreto que significan una pérdida en los haberes. Esta transferencia de recursos corresponde al cálculo de lo que debería pagar la Anses por cada jubilado/a si tuviera a su cargo de forma directa el pago del haber, pero los gobiernos nacionales y provinciales nunca se ponen de acuerdo en este cálculo y la compulsa la vienen resolviendo en detrimento de la financiación de las cajas jubilatorias provinciales. Por esa vía se desfinancia a las cajas para presionar a favor del traspaso a la Anses y la "armonización"; es decir, igualar para abajo, eliminando los regímenes especiales que acercan los haberes al 82% móvil.


El problema del financiamiento está directamente ligado a la administración de la Caja, que hoy la ejerce un director nombrado directamente por el gobernador de la provincia aunque sea un ente autárquico (que se autofinancia). El gobierno maneja directamente esos recursos sin ningún tipo de control de los propios trabajadores activos o jubilados que aportan a la misma.


En la propia ley 6.915, que regula el funcionamiento de la Caja, se habla en el capítulo XII de una cámara que sólo tiene la función “asesora”, que estaría integrada por dos representantes del gobierno, dos activos y dos jubilados, pero nunca se ha escuchado reclamo alguno ni de la CGT ni de la CTA para exigir que se cumpla y respete la representación de los trabajadores, que está completamente ausente. Forma parte de la complicidad de las burocracias sindicales con los ataques a la clase obrera, quienes también colaboran con la desfinanciación de las cajas jubilatorios: despidos y suspensiones con rebajas salariales y 40% de los trabajadores en la informalidad; o el congelamiento salarial que colabora en desenganchar las jubilaciones del salario, por la vía directa de atacar el poder de compra de los sueldos e indirecta de rebajar el principal índice del haber. Perotti, como el resto de los gobernadores, aprovechó la pandemia para suprimir las paritarias.


También son cómplices del vaciamiento de las Cajas para pagar deuda externa o financiar a los capitalistas. En nuestra provincia, con el caso emblemático de Vicentín, que fue aceptado en el programa ATP de subsidio a los empresarios con el pago de salarios, mientras el Estado aún no toma ni una medida frente al desfalco de $1.300 millones de pesos al Banco Nación que fue a parar a la ramificación de los negocios de este pulpo agroexportador.


La Caja es de las y los trabajadores


La jubilación es nuestro salario diferido. El control sobre el aporte a la Caja, que comienza con el ingreso al trabajo, debemos cuidarlo con una política de total independencia de los gobiernos de turno. El déficit que han creado es para cambiar nuestros haberes, el 82% y la movilidad jubilatoria: grandes conquistas que hemos defendido con históricas luchas.


Los números no cierran porque roban el dinero de la Caja. El aumento de nuestra jubilación no puede estar sujeto a ningún decreto, ni del gobierno provincial, ni nacional, sino a la paritaria salarial que refleje la inflación real, que hoy estamos luchando para que se reabra junto al resto de los trabajadores.


El conjunto de los jubilados y jubiladas nos estamos organizando en un gran movimiento de lucha nacional, para que ningún jubilado esté por debajo del haber mínimo de $45.000, igual al costo de la Canasta Básica del Adulto Mayor. Por la plena vigencia de la movilidad jubilatoria, rechazamos "la armonización", que es el mecanismo del gobierno para robarnos el 82% móvil e imponernos aumentos por decreto.


Organizados y movilizados tenemos que conquistar el control de las Cajas provinciales y de la Anses para no permitir que sigan robando nuestros aportes y votar en base a un amplio debate la defensa de nuestras conquistas históricas y la recuperación de las Cajas. El día lunes 1 de junio haremos un plenario nacional del Plenario de Trabajadores Jubilados. Será a las 17 horas por la aplicación Google Meet, las y los esperamos.




 



 

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