El gobierno radical comienza dando muestras de agotamiento. El 23 de marzo, un día antes de la asunción de Zamora, la “nueva” Legislatura provincial debutó con la ruptura del bloque justicialista y un escándalo vinculado a la preservación de los intereses del pulpo capitalista que domina la provincia: el grupo Ick.

 

La elección de las autoridades legislativas desnudó el pacto de los bloques que responden a Ick –el Frente Cívico, Movimiento Viable y el sector del PJ que responde a Cantos–. Con este pacto, Zamora tiene quórum propio. Así quedó comprobado luego, en la elección de autoridades de la Cámara, y quedará todavía más claro ahora, cuando se elija al Superior Tribunal de Justicia. De un solo plumazo, el PJ ha quedado marginado de la realidad política provincial. El PJ en Santiago ha quedado reducido a un rejunte de punteros y jefes territoriales, con predominio en las comunas e intendencias del interior.

 

Ha quedado claro para la provincia el padrinazgo político del grupo Ick.

 

El Superior Tribunal de Justicia fue designado por un decreto de necesidad y urgencia (para evitar la acefalía), pero los pliegos de sus integrantes deberán ser aprobados por la Legislatura. Ergo, el Superior Tribunal de Justicia responderá directamente a Ick.

 

¿Y las masas?

 

Zamora anunció la cesantía de los trabajadores contratados y designados por la Intervención federal (con excepción de docentes y policías), que podría alcanzar a unos 10.000 trabajadores. Arguyó que la Constitución provincial y la Ley de Intervención plantean la caducidad de los contratos y designaciones realizados por la Intervención Federal al finalizar su mandato.

 

Pero Zamora no aplica la misma ley con los contratos firmados por la Intervención con Ick. Un millonario contrato le concedió la explotación de la Caja Social, de los casinos y de los juegos de azar en general. Sin embargo, el gobernador confirmó la continuidad de los mismos, pese a los reclamos de los empleados de la Caja Social.

 

A pesar de esto, la burocracia sindical (Atsa, Cisadems-Docentes Medios y otros gremios docentes) ya ha anunciado su connivencia con el gobierno. Así lo hicieron los dirigentes de la burocracia de AESyA, que levantó el paro.

 

Los trabajadores santiagueños, los campesinos, los luchadores en general, deben guardarse muy bien de cualquier confianza en el gobierno. La consecución de sus reivindicaciones sólo vendrá de la mano de la lucha y de su organización independiente.

 

El Partido Obrero plantea:

 

* Ninguna confianza en Zamora. Continuar la huelga docente, por un básico de 750 pesos.

 

* Por Comités de Huelga independientes de la burocracia sindical, controlados por asamblea.

 

* Coordinación de todas las luchas de docentes, sanidad, estatales, desocupados y campesinos.