La llamada política fiscal del gobierno Menem-Cavallo ha sido un factor adicional de primera magnitud en el empobrecimiento de la población trabajadora y en el desquicio de las finanzas provinciales. Mientras el gobierno  inundó los diarios con cuadros y estadísticas procurando probar que el pago de sueldos y el aumento del empleo público provincial serían los causantes del déficit de los presupuestos de las provincias, esos mismos cuadros y estadísticas revelan precisamente lo contrario: el nivel de exacción de la población trabajadora que el Estado nacional lleva adelante para cumplir los compromisos con la banca acreedora.

 

Trabajadores

La política fiscal del Plan Cavallo se basa en los impuestos al consumo y al trabajo. Sobre 55.000 millones de pesos de recaudación impositiva anual los impuestos al trabajo y al consumo representan unos 45.000 millones, mientras los impuestos a las ganancias y al patrimonio alcanzan apenas a  los 9.000 millones. De este modo, “dos de cada tres pesos que ingresan al Estado los aportan los sectores más pobres”, según el profesor universitario  Arnaldo Bocco (Oikos, Revista de Posgrado, Investigación y Doctorado, Nº2, pág. 24). El impuesto al consumo grava más a la clase trabajadora, en relación a sus ingresos, que a la clase capitalista. Los trabajadores subsidian al capital, o dicho de otro modo, la política impositiva es una herramienta de exacción económica del capital sobre el trabajo. “Los sectores de mayores ingresos en la pirámide social, en el fondo, tienen una ventaja fiscal de casi un 30 % de diferencia con las capas más pobres”. De este modo, a la caída del salario real en puerta de fábrica se debe adicionar el aumento de los impuestos, que significa una disminución del 25% en el ingreso de los trabajadores. “Los pobres de la Argentina —dice el trabajo antes mencionado—  además de la amenaza del desempleo abierto, del subempleo, de la reducción de los salarios fijos, ven disminuir sus remuneraciones por el efecto fiscal que les reduce entre 23-28% de sus ingresos de bolsillo” (ídem, pág. 25). De este modo, “la incidencia de los impuestos al consumo es tanto o más regresiva que el impuesto inflacionario”. ¡¡¡Hiperinflación y “estabilidad” son dos facetas de la misma política!!!

Provincias

Las finanzas provinciales han sido otro botín tanto del gobierno nacional como de los provinciales.

1)  El Estado se apropió, con el “pacto fiscal” del año pasado, de un 15 % de los impuestos de coparticipación federal que les corresponde a las provincias con el pretexto de destinarlos al régimen de previsión social. Producto de ese “pacto”, entre setiembre de 1992 y octubre de 1993, el Estado nacional le retuvo a las provincias nada menos que 3.500 millones de pesos (Ambito, 21/12). Este dinero no fue, sin embargo, al sistema previsional, sino a pagar los intereses de la deuda externa y como reserva para financiar los déficits futuros que generará la “jubilación privada”.

2) Los impuestos propios de cada provincia aumentaron un 82% desde 1991, mientras que los de coparticipación federal se incrementaron un 69% (El Cronista, 16/12). Los gobernadores aplicaron, entonces, más impuestazos aún que el Estado nacional,  también con impuestos al consumo.

3) Los “gastos en personal” aumentaron un 65 %, pero dentro de ese porcentaje hay que incluir “la transferencia de servicios de la Nación a las provincias” (El Cronista,16612). Mientras el Estado nacional se sacó de encima el pago de sueldos y los gastos de educación, las provincias cargaron con ello, bajando salarios y mediante impuestazos.

 

Más ataque

 

Pero la política impositiva va más lejos todavía. Su objetivo es que la totalidad de los impuestos recaigan sobre el consumo y que queden en las arcas del Tesoro nacional, sin ninguna distribución entre las provincias, lo que obligaría a las gobernaciones provinciales a cubrir sus gastos con nuevos impuestos. “La solución de fondo para el problema de las provincias pasa, entonces, por terminar con el régimen de coparticipación federal y rediseñar el sistema impositivo de manera tal que quien recaude y gaste sea el nivel administrativo más cercano al contribuyente” (El Cronista, 16/12). Parte de este objetivo fue cumplido por el “pacto fiscal”, que les recortó a las provincias el 15% de los impuestos nacionales coparticipados.  Ahora,  se pretenden rebajar con un nuevo pacto fiscal los aportes jubilatorios patronales y los impuestos provinciales a las transacciones financieras (impuestos a los sellos), reemplazándolos por impuestos a las ventas. La finalidad no es otra que volcar la totalidad de los recursos del Tesoro nacional al pago de los intereses de la deuda y a los subsidios al gran capital, como reembolsos, etcétera.  El Tesoro nacional se ha convertido en un botín de los acreedores internacionales y de los pulpos nativos.

 

El Partido Obrero plantea, en cambio, lo siguiente:

1) Eliminación de todos los impuestos al consumo suplantándolos por impuestos progresivos al gran capital. Impuestos a las oligarquías provinciales. Derogación de todos los subsidios. Anulación de la deuda externa.

2) Mantenimiento del sistema jubilatorio estatal en base al aporte patronal exclusivo y con la garantía del 82 % móvil. Control y administración  obrera de las Cajas jubilatorias.

3) Aumento general de salarios, con un mínimo equivalente a la canasta familiar.