En sus primeros pasos por la provincia de Córdoba, el coronavirus ha puesto en evidencia el vaciamiento del sistema sanitario y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de salubridad en lugares de trabajo y estudio. En los hospitales públicos es constante la falta de insumos básicos, y el conjunto de los trabajadores denuncia la falta de personal y camas de internación. El desfasaje entre los profesionales y auxiliares de salud y la cantidad de camas, por un lado, y pacientes para atender, por el otro, se agudiza frente al escenario de pandemia.

Los trabajadores del Hospital Rawson (establecimiento de referencia en la provincia), que ya han hecho reiterados reclamos por falta de descartables e insumos básicos para la atención de enfermedades infectocontagiosas, denuncian que ante la crisis sanitaria por coronavirus solo se abrió un nuevo “Pabellón N° 6 de Unidad de Cuidados Intensivos”, lo que implica únicamente 33 camas nuevas para toda la provincia. Y que solo se incorporó a 10 enfermeros más, que no cubren las licencias laborales por grupos de riesgo. También en la maternidad provincial, los trabajadores administrativos se reunieron en asamblea para reclamar insumos y medidas de higiene y seguridad elementales.

El Hospital de Niños se encuentra en la misma situación. Se dispuso la apertura de la “Sala 500” con 18 camas nuevas, ha sido aislada al 50% con paredes de durlock y pasillos de circulación restringida para pacientes y personal. Pero hasta el momento no se ha establecido nada respecto a la incorporación de nuevo personal; esto, cuando los informes de los trabajadores determinan que desde el año 2019 existe un déficit de 130 enfermeras en el hospital. La OMS aconseja la atención de seis pacientes por enfermera/o; esa proporción es ampliamente violada en la provincia, donde la relación es de 18 a 1. 

Las y los trabajadores del Hospital Misericordia también se encuentran denunciando la ausencia de insumos básicos como barbijos, guantes, batas, alcohol, etc. Desde la dirección hospitalaria no solo no dan respuestas a las demandas indispensables, sino que además han emprendido un proceso de hostigamiento y persecución a los activistas, impidiendo cualquier reunión de trabajadores para tratar el punto, y obligando a trabajar en esas condiciones de exposición. 

La provincia no tiene actualmente la capacidad de realizar los análisis y test de detección del Coronavirus. Acorde a lo dicho por el ministro de Salud Ginés Gonzalez García en el Congreso, el gobernador Juan Schiaretti habría comprado aparatos a Roche, que no están homologados y no se pueden utilizar -es decir, primero el negociado. En Córdoba, existen tres casos confirmados, pero hay sesenta y dos muestras que demoran en relevarse, de los cuales ocho son “altamente sospechosas”. Lamentablemente hay que concluir que el sistema sanitario de Córdoba no tiene la capacidad humana ni de infraestructura para asistir al pico de propagación de coronavirus que se avecina.

Para peor, el gobierno de Schiaretti pretende eliminar cualquier clase de debate al respecto. El día 16 de marzo se reunió de urgencia la comisión de labor parlamentaria de la Legislatura de Córdoba. En la misma, el vicegobernador Manuel Calvo anunció la suspensión de todas las comisiones y las sesiones de la Legislatura. Esa postura fue avalada por la oposición patronal de la UCR y Cambiemos. Un día después el propio gobierno de Schiaretti envió un proyecto de ley de cinco artículos donde se establecen tres cuestiones: la adhesión a la emergencia nacional, un fondo de $1.200 millones que no tiene destino específico, y una “centralización” trucha del sistema privado de salud, donde estos le facturan al Estado los altos costos de sus servicios. La Legislatura solo trataría esta posición y seguiría cerrada.

La Legisladora Soledad Díaz García, del Frente de Izquierda, rechazó la posibilidad de que la Legislatura no sesione y resuelva medidas sobre la cuestión de la pandemia y denunció que se trata de una imposición antidemocrática y unilateral de parte del gobierno de Schiaretti. Soledad Díaz ha presentado tres proyectos de Ley y cuatro pedidos de informes al respecto de la lucha contra el Coronavirus. Los mismos abordan la emergencia sanitaria, triplicación del presupuesto para abastecer los hospitales, la necesidad centralizar el sistema de salud, la entrega gratuita para población de riesgo y familias de escasos recursos de kits antisépticos personales y módulos alimentarios, la designación de personal y la ampliación de camas, entre otras medidas esenciales que no se establecen en Córdoba. 

Para enfrentar la propagación del coronavirus es fundamental la intervención de la clase obrera, mediante la conformación de comités electos en los lugares de trabajo y las barriadas. Rechazamos la política antisindical del gobierno y reclamamos la más amplia libertad de organización de las y los trabajadores de salud. Del mismo modo exigimos que la Legislatura sesione, con la prevención necesaria, y resuelva las medidas para enfrentar la pandemia.