El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, eligió a Juan Manuel Delgado para que ocupe el cargo de fiscal general de la provincia. El elegido para ser el jefe de los fiscales es especialista en derecho comercial y no penal. Se desempeña como procurador general de la provincia desde hace dos años.

Ahora la Legislatura de Córdoba -donde tiene mayoría automática el PJ-, el próximo miércoles 17 de marzo, deberá terminar de concretar la designación de Delgado, que tiene un aceitado vínculo con desarrollistas urbanos. Cabe recordar que el cargo de fiscal general esta vacante desde el 2019, tras la renuncia de Alejandro Moyano.

El fiscal general es el encargado de diagramar la política punitiva en la provincia, y Schiaretti propone instalar al frente de la misma a un hombre vinculado a la iglesia. El gobernador anunció esto a días del 8 de marzo, y en momentos en que Córdoba es golpeada por una ola de 9 femicidios, en lo que va del año, que han expuesto la responsabilidad del Estado en su conjunto.

Los medios de comunicación también lo presentan como un hombre del círculo rojo, siendo “un abogado de extrema confianza de importantes empresarios”.  Además, tiene una larga relación con el PJ provincial, puesto que “siempre sobrevoló la estructura del gobierno provincial: cuando Carlos Laje, exyerno de José Manuel de la Sota, fue denunciado por “prácticas indebidas” por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Negro Delgado fue su defensor”, según indicó La Voz.

Por eso, la designación de Delgado implica un reforzamiento del control que ostenta el Ejecutivo provincial sobre el Poder Judicial, lo que supone aceitar todavía más el manejo de la justicia. La designación de este abogado ligado al Opus Dei también estará al servicio de la represión a los trabajadores para hacer pasar el feroz ajuste. Por lo tanto, se trata de una designación reaccionaria.

Para terminar con el manejo de la Justica es necesario reclamar la elección popular y la revocabilidad de los jueces. Además, cualquier modificación en el sistema judicial debe ser discutida en las asambleas de trabajadores judiciales, terminando con la precariedad y la flexibilidad laboral en los juzgados.