Mediante dos decretos del Ejecutivo provincial Daniel Scioli aceptó la renuncia de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués a la Cámara de Casación Penal, luego de dos pedidos de juicio político contra los magistrados. Al aceptar la renuncia, “según explicó el secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez, las acusaciones (…) quedan en foja cero. Y la renuncia los exime de sanciones administrativas y económicas. Si eran sometidos al jury podrían perder, durante el proceso, el 40% del sueldo. Ahora pasarán al sector pasivo con la jubilación plena y con un premio de seis meses de haberes que otorga a todos los jubilados el Instituto de Previsión Social” (Clarín, 5/7).

 

Ricardo Casal salió a justificar esta decisión por la falta de celeridad en el tratamiento del juicio político, el cual aún se encuentra en la fase de instrucción, pues de haberse producido la acusación el gobernador no habría podido aceptar las renuncias. Por ley, el encargado de motorizarlos es el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, electo por votación de la mayoría del Senado provincial. Se trata de Ulises “Coco” Giménez, parte del staff permanente del PJ bonaerense, ex duhaldista, en 2011 fue designado por Scioli como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial.

 

El encubrimiento de estos jueces viene de larga data. El primer pedido de juicio político contra Piombo y Sal Llargués fue en 2011, por rebajarle la pena a un pastor evangelista que abusó de dos adolescentes de su feligresía a las que dejó embarazadas, ya que según los jueces “el nivel social de las jóvenes acepta relaciones a edades muy bajas”. Las chicas vivían en una villa de emergencia, donde, según los jueces, no rige el derecho a la integridad física de las personas. El jury se reactivó recién cuatro años después y ante el segundo pedido de juicio político, motivado esta vez por el fallo que rebajó la condena al presidente de un club de fútbol infantil que abusó de uno de sus alumnos de 6 años. Esta vez, los jueces interpretaron que como el niño ya había sido abusado en el pasado por su padre, había en él una “inclinación homosexual” que no haría tan grave el ultraje. El dictamen se funda en el prejuicio contra el medio social del chico, hijo de un presidiario y de una madre que abandonó el hogar. Para los jueces estaba “acostumbrado” a los abusos.

 

El enjuiciamiento en la provincia se funda en las decisiones de la mayoría del Senado, hoy dominado por el FpV y el Frente Renovador -o sea por el PJ. Apurados por la movilización popular, el mismo 3J los legisladores de ambos bloques reactivaron el juicio político, también ese día la Corte Suprema de la provincia dio luz verde al pedido. Ahora, fuera de la luz de los flashes y en plena campaña electoral, la Corte acepta las renuncias y deriva la decisión al Poder Ejecutivo. Ulises Giménez demoró cuatro años en aceptar el primer pedido de jury y ha congelado la prosecución del trámite a pedido del candidato a presidente. Su accionar no es una negligencia burocrática, sino parte de una decisión política. Cerrando el caso, Scioli no sólo rescata personalmente a los jueces, corta además la línea de investigación sobre las responsabilidades políticas de quienes los designaron y los sostuvieron en sus cargos desde la última dictadura a esta parte.

 

Por la elección y revocación de los jueces por voto popular. Reclamemos el juicio político a Piombo y Sal Llargués.