“Cacho” Alvarez, intendente de Avellaneda, es el nuevo ministro de Desarrollo Social de la provincia en reemplazo de Daniel Arroyo, un funcionario puesto en su momento por Alicia Kirchner. El nombramiento “que negociaron el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, Balestrini y los caciques del peronismo, es más que un cambio de ministros: solidifica la sintonía de un pacto que diseñó una táctica defensiva” (Ámbito Financiero, 16/7).

Según el diario Hoy, existe un plan más vasto, que llevaría a conceder otro lugar en el gabinete provincial “a un hombre o mujer de la liga de intendentes”, por lo que “se especula con el desembarco de Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Hugo Curto (Tres de Febrero) en otros ministerios” (16/7), una lista que La Nación (18/7) extiende a Othacehé, de Merlo. Según denuncias, Hugo Curto acordó con el mismísimo De Narváez la composición íntegra de la lista de Unión Pro en el distrito.

El Ministerio de Desarrollo Social, que cumple en la asignación de los planes sociales, es una de las cajas más apetecidas del gobierno. Está en discusión otra caja aún más disputada, la que proviene del juego. El interventor de la Lotería de la provincia acaba de ser denunciado ante la Justicia por las andanzas de su mujer, representante de apostadores argentinos y organizadora de “mesas de dinero” en Estados Unidos. Hasta ahora la mano derecha de este interventor es un hombre del “empresario” Cristóbal López, denunciado como testaferro del matrimonio presidencial y actual dueño de Casino Club y 14 casinos en el interior del país (Clarín, 7/7).

El destino de uno de los intendentes sería Obras Públicas, otra de las grandes cajas de la provincia (Clarín, 177). Finalmente, “las versiones indican que dirigentes vinculados a distintos intendentes del conurbano tendrían representación en segundas y terceras líneas de ministerios y otros organismos” (La Nueva Provincia, 17/7).

Hasta la próxima crisis

Según Ambito Financiero, “la hoja de ruta es construir un peronismo sin Kirchner”, lo que no significa “un peronismo contra Kirchner”. El plan es “alambrar la provincia” con los intendentes. En este plan “la intervención de Duhalde es, todavía, periférica”. Es un plan contra reloj, pues se están produciendo desgajamientos de la “tropa” del PJ “oficial” hacia Unión Pro y otros puertos políticos cada minuto que pasa.

El gobernador está buscando afanosamente, por otra parte, el respaldo de la “patria” rural, a la que ha prometido financiación del Banco Provincia y rebaja de ingresos brutos. Más aún, el ministro de Asuntos Agrarios “anunció que se encuentra trabajando en la creación de un organismo, avalado por una ley y con la participación de todos los sectores productivos, destinado a generar política de largo plazo para el sector agropecuario, un organismo superador que trascienda los gobiernos” (Ámbito Nacional, 16/7).

Pero la provincia está fundida. Para evitar la cesación de pagos, el gobierno nacional le difirió el cobro de los 2.932 millones de pesos de deuda que debía abonarle hace cinco meses (la deuda global es de 38.000 millones).

El ajuste

El intento de recomposición del gobierno de la provincia obedece a la pérdida de la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.

Las intendencias marchan hacia un “ajuste” demorado por las elecciones. La intendencia de Coronel Suárez (radical K) ha declarado la “emergencia” y una virtual cesación de pagos (cuya primera víctima será el personal contratado).

Un estudio revela aumentos del 20% en las segundas marcas en autoservicios y cadenas de supermercados chicos (Informe Centro Estudios para la Nueva Mayoría, en www.latecla.info, 8/7), los aumentos en el gas –que no es cierto que castiguen a los “grandes usuarios”– y de la luz, junto a una nueva ronda de despidos.

La crisis política y económica de la provincia plantea la implosión del kirchnerismo, por un lado, y una explosión social por el otro.

Christian Rath