Scioli y Mariotto, guerra entre ajustadores

En la provincia se está prefigurando un gobierno bicéfalo. El operativo “vaciamiento”, con un Mariotto que se mueve como virtual gobernador paralelo, abrió una crisis política que fragmenta al Estado provincial, adelanta tempranamente la lucha por la sucesión y los divide para llevar adelante lo que los une: el ajuste.

El choque entre Scioli y el “cristinismo” tiene virtualmente paralizada a la Legislatura, donde Mariotto y sus aliados de La Cámpora conquistaron posiciones clave en ambas cámaras. El sciolismo no ha podido sacar adelante la “ley de regionalización”, a la que considera clave para su armado territorial y su relación directa con los intendentes. La ley en cuestión -resistida por el kichnerismo- establece una zonificación y agrupamiento de comunas por regiones, bajo la dirección y supervisión de representantes del Ejecutivo provincial. Es, además, la llave para el usufructo de los negocios con los capitalistas y oligarquías de la provincia.

Para romper el cerco cristinista, Scioli se habría reunido con De Narváez y estaría negociando las condiciones para colar una nómina de diputados propios en las listas del “Colorado” para las elecciones de 2013. Así, buscaría equilibrar la ofensiva del kichnerismo al poner un huevo en la canasta del oficialismo y otro en la canasta de la “oposición”. Las negociaciones con De Narváez son, además, un puente siempre abierto con el macrismo. El partido de fútbol no fue en vano.

La disputa se extiende al PJ provincial después de la renuncia de Moyano y del fracaso de Scioli para que el camionero vuelva atrás. La nueva presidenta del PJ de la provincia de Buenos Aires es Cristina Alvarez Guerrero, considerada por muchos como una suerte de “caballo de Troya” del kirchnerismo en el gabinete sciolista.

En cualquier caso, Cristina ha convertido a la provincia en un campo de batalla que compromete a todos los aparatos y, en primer lugar, a las “fuerzas de seguridad”, que son la columna vertebral represiva del Estado. Sabbatella, de Nuevo Encuentro, ha terminado como furgón de cola de Mariotto, integrándose al Frente para la Victoria -lo cual ya le ha valido algunas fugas en el Suteba. La crisis política provincial tiene como eje público el cuestionamiento del kichnerismo a las “reformas policiales” que impulsa Scioli, las que el gobernador apuró para contener la arremetida de Cristina y Garré contra el ministro Casal. Desde luego, el Proyecto X asestó un golpe a la “militancia” bonaerense de la “seguridad democrática”.

Después de haberse opuesto a la creación de la “policía comunal” para los distritos grandes, el kirchnerismo mudó 180° y tiene ahora su propio proyecto para golpear a Casal (y a Scioli) quitándole el manejo directo de la policía. A cargo del Ministerio de Seguridad quedarían sólo Infantería y el Grupo Halcón, mientras el resto de lo que es hoy la Bonaerense pasaría a manos de las intendencias, bajo el control directo de los jefes comunales. Los K pretenden, por esta vía, asociarse a la Bonaerense.

Con este proyecto, el kirchnerismo volvió sobre sus pasos después de haber criticado la pretensión de Scioli de entregarle la policía al “voluble” aparato pejotista que proviene del duhaldismo. La “transferencia”, ya sea en la versión K o en la de Scioli, no democratiza nada, todo lo contrario: feudaliza la podrida Bonaerense y la vuelve más incontrolable. El secreto del giro sería quién maneja la caja para financiar esas policías de los Othacehé, Cariglino y compañía. Así, el reforzamiento del poder de los barones, que amparan la cartelizada Bonaerense, dependería de una caja nacional ante un Scioli al que le cortan el chorro. En los distritos chicos, donde funciona la policía comunal, la mafia policial sigue viento en popa.

En la pelea se ha metido ahora De Petris,quien ha ofrecido cooperativas truchas en los municipios en lugar de Covelia y otras empresas con convenio camionero para “abaratar el costo laboral”. Otra gran patriada “progresista”, como se ve.

Por lo pronto, así de divididos gubernamentalmente en torno de los aparatos represivos y en torno de leyes del ajuste, tienen que enfrentar la creciente rebelión docente y estatal. Hay que reforzar esas luchas y la alternativa política del Frente de Izquierda ante un gobierno que se hunde.