La crisis provincial se profundiza. Recientemente, cuando Miranda decidió conformar un gabinete de unidad del PJ, descubrió que nadie quería agarrar el Ministerio de Economía. Es que el Estado provincial está completamente en bancarrota: “La deuda provincial ha llegado a 2.678 millones de pesos, cuando a principios de año era de 1.290 millones” (La Gaceta, 7/9). La devaluación fue catastrófica para la provincia porque durante la gestión de Antonio Bussi se emitieron bonos de la deuda en dólares por 400 millones (La Nación, 10/9).

El nuevo gabinete

El nuevo gabinete es un rejunte. Miranda dio un giro hacia el menemismo. Se anunció un “plan de emergencia” que anula por decreto la “alícuota cero”, por la cual 800 empresas fueron eximidas del pago de ingresos brutos, impuesto a los sellos y a la salud pública. Con esta medida piensa recaudar 1.600.000 pesos mensuales, que serían destinados a la salud pública, los comedores comunitarios y la ayuda social. Planteó también que iba a ampliar la base catastral incorporando a quienes no pagan el impuesto inmobiliario y pediría un pago adelantado a las empresas de impuestos provinciales. Paralelamente, planteó que los municipios debían encarar un plan de ajuste.

El nuevo gabinete tiene los días contados, pues su plan – si se concreta – no supera la quiebra financiera del Estado; pero su solo anuncio ya generó una ola de críticas. Uno de los industriales azucareros más fuertes, Rochia Ferro, planteó que el gobierno se tenía que ir y se debían adelantar las elecciones. Desde el propio gobierno se hizo trascender que se instrumentaría una suerte de “corralito” o “plan bonex” provincial, lo que podría desatar el caos o una rebelión empresaria que tiraría abajo al gobierno.

Crisis política

Todo este escenario paraliza a Miranda, que además no logra cajonear las múltiples investigaciones a las que están sometidos legisladores y funcionarios del Ejecutivo en la Justicia.

La inminencia del colapso llevó a un sector del propio gobierno a reclamar el adelantamiento de las elecciones, incluso con acortamiento de todos los mandatos. Otro sector del PJ está reclamando la intervención federal… aunque algunos medios de prensa señalaron que el propio gobernador Miranda estaría interesado en la intervención si la cuestión judicial quedara fuera de control.

El adelantamiento electoral y la intervención federal tienen la misma finalidad: rescatar al régimen patronal ante la eventualidad de una intervención popular que ya en varias oportunidades asomó sus narices.

La lucha de las masas

En distintas manifestaciones de las últimas semanas, las bases superan a los dirigentes. El ejemplo más importante es el de los municipales de la Capital: ante la falta de pago de los sueldos, la dirigencia planteó paros en los lugares de trabajo, pero desde diferentes reparticiones se marchó a la Plaza Independencia, donde ya hubo enfrentamientos con la policía. Un fenómeno similar se está produciendo con los sectores que se autoconvocan, como los desocupados de diversas localidades, los estudiantes secundarios, los universitarios que – al margen de la Federación Universitaria y por iniciativa de un plenario autoconvocado por la UJS – votaron movilizarse el 16 y el 20 al Rectorado.

Ante la creciente movilización popular, la Intersindical (la Cgt regional, la Cta y la Ccc) convocaron a una marcha desde el martes 15 hasta el 20, cuando concentrarán en la Plaza Independencia. En los plenarios preparatorios, surgieron planteos de permanecer en la Plaza hasta obtener los reclamos. También el 20, el Bloque Piquetero Nacional convocó en todo el país, conjuntamente con otras organizaciones, a una movilización con la consigna “Que se vayan todos”.

El PO de Tucumán va a movilizarse con las banderas del Bloque y a reclamar un Congreso de todas las organizaciones en lucha para definir un programa y un plan de acción para terminar con este régimen de hambre, entrega y desocupación.