En Córdoba el déficit habitacional lejos de solucionarse agrava. Y más cuando el decreto 320/2020 del gobierno nacional que dispuso el congelamiento de los valores de los alquileres y la prohibición de ejecutar desalojos, no ha sido renovado. Esto traerá una profundización de la crisis habitacional en todo el país.

La Encuesta Permanente de Hogares de 2018 ya daba cuenta que hay más de 152.000 hogares que alquilan en Córdoba. Según el citado estudio, en 17 años crecieron un 50% los hogares que alquilan, esto tomando el mercado formal de alquileres. Y sin tomar en cuenta que en los barrios más empobrecidos y en las villas se familias de escasos recursos alquilen piezas en donde viven hacinados.

Desde hace décadas asistimos a un proceso creciente de “inquilinización” de los hogares que se verificó en los últimos años. Los motivos que explican este proceso pueden rastrearse en la creciente brecha que se pronunció en la última década entre el salario y valor del suelo en las ciudades producto de la especulación inmobiliaria abalada desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Lo señalado impulsó aún más la necesidad de alquilar una vivienda, en detrimento de las oportunidades de compra, esto también fue potenciado por la falta de inversión estatal en planes de construcción de viviendas populares.

El fin del decreto que congeló el precio de los alquileres plantea que las familias que hayan acumulado deudas por meses impagos podrán acogerse a planes de pago de hasta 12 cuotas. La alternativa es enfrentar juicios de desalojo, según asociaciones de inquilinos, “hay entre un 20% o 25% de los inquilinos que tienen deudas, que no han podido pagar 4 o 5 meses.

En este contexto, ahora llega el descongelamiento de los alquileres, entonces una familia deberá abonar el alquiler, las actualizaciones que les apliquen y las deudas de los meses que no pagó que se puede pagar en cuotas, pero tienen intereses. Esta grave situación se da en una crisis social y sanitaria que lejos de terminarse se profundiza cada vez más.

No hay datos oficiales de la cantidad de familias que estarán en el corto plazo en situación de desalojo, pero lo que nadie desconoce es que muchas familias que ocupaban la franja de la población denominada “clase media” pasaron de la pobreza a la indigencia y que se verán forzadas a hacinarse o terminar en asentamientos precarios y villa de emergencia.

También es por todos conocidos que durante la pandemia hubo aumento en los alquileres y desalojos en los lugares donde no tenían contratos. Además, es sabido por todos que los nuevos alquileres tienen aumentos siderales que hacen que alquilar sea cada vez más difícil.

Desde el Polo Obrero – Partido Obrero en el frente de Izquierda hemos dado una lucha contra la especulación inmobiliaria y bajo la consigna “tierra para los trabajadores no para los especuladores”. En ese sentido, hemos defendido las ocupaciones de tierras mientras el gobierno de Schiaretti utilizaba las topadoras para los desalojos como política habitacional.

Los legisladores del PO no solo presentaban proyectos de ley en defensa de las familias desalojadas y sin viviendas, sino que estuvieron en la primera línea junto a las familias, como sucedió en Juárez Celman o Estación Ferreyra.

Ante esta grave situación reclamamos la prohibición de todo desalojo, que se destinen todas la tierras públicas y privadas necesarias a la construcción de un plan de viviendas populares, y de ese modo solucionar la falta de vivienda y de trabajo para millones de familias trabajadoras.

En los próximos días Cintia Frencia presentará en el Concejo Deliberante un proyecto de Banco de Tierras y plan de viviendas populares. Se trata de una iniciativa que recoge una demanda insatisfecha y que viene siendo debatida en las asambleas convocadas desde el Polo Obrero. De ese modo llevaremos al poder legislativo de la ciudad un reclamo de las masas de las barriadas y exigiremos mediante la movilización popular que tenga una respuesta positiva.

Para desarrollar este plan de viviendas es necesario que se dejen de destinar fondos a la especulación financiera y al pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta y se destinen los recursos a dar solución a las familias trabajadoras.