La crisis suscitada por la rescisión de la concesión por el pulpo francés Compañía General de Agua, sigue abierta. Por un lado, el gobierno de Bussi estaría a punto de intimar a los franceses a retomar los servicios rechazando la rescisión unilateral y señalando numerosos antecedentes de violaciones contractuales, entre los que se destacan la falta de inversión, el no pago de impuestos y de aranceles al ente de control (ERSAC), etc.

A pesar de las múltiples razones existentes para cancelar la concesión, las declaraciones del ministro Rodríguez cayeron como una bomba. Rodríguez planteó que la Nación retendría fondos de coparticipación de la provincia para hacer frente a cualquier indemnización que exijan los tribunales extranjeros. La preocupación cobró mayor fuerza a partir de las declaraciones presidenciales en relación a la crisis del azúcar con Brasil, cuando dijo que los tratados internacionales tienen vigencia de ley y están por encima de las leyes nacionales. En este plano, el pulpo francés se aferraría al tratado de garantías de inversiones recíprocas firmado entre Francia y Argentina en 1991.

Mientras tanto, el gobierno bussista ya está armando un nuevo negociado privatizador. Anunció que llamará a una nueva licitación y que en 180 días los servicios de agua pasarán a manos de otra concesionaria. Benito Roggio ya se anotó en primera línea. Los intendentes, por su lado, están terciando en la crisis, reclamando que se municipalicen los servicios para, desde allí, armar sus propios negociados privatizadores. La UCR y sectores del PJ están alimentando esta salida con distintos proyectos de ley. En este sentido, en varios municipios se están realizando reuniones de los intendentes con las comisiones de usuarios, negociando esta alternativa. En Tafí Viejo, cuando el intendente Claverio anunció a la Comisión de Usuarios que apenas se concretara la municipalización, llamaría a licitación para su privatización, ante la queja de la Comisión, su respuesta fue que se presenten a la misma. La Comisión de Usuarios ha llamado para el 19 de setiembre a una asamblea popular para discutir la situación.

Hay una consigna clara, no permitamos gato por liebre. Rechazo a cualquier forma de privatización, por la municipalización o provincialización de los servicios bajo control popular, sin ningún pago a los franceses, por la condonación de las deudas de los morosos y eximición de pagos a todos los desocupados y a los que ganen menos de 500 pesos.