El 29 de agosto pasado el gobierno de Córdoba anunció que los bonos (Cecor) sólo serían aceptados para el pago de impuestos atrasados y no para el resto. Cinco días después, tuvo que dar marcha atrás, frente a una crisis política abierta y el temor a una explosión popular. “Si esa tarde (en que se anunció la restricción a los bonos) el presidente de la Cámara de Supermercados no hubiera informado que las empresas adheridas continuarían recibiendo los Cecor, podría haberse producido una explosión ciudadana” (La Voz, 3/9). Mientras la indignación popular cortaba la ciudad, bancos privados “de primera línea” suspendieron la recepción de bonos, varias financieras comenzaron a cotizar los Cecor por debajo de su paridad nominal y la patronal planteó un ultimátum: “o usamos los bonos para pagar impuestos o no suscribimos el empréstito”, un préstamo “patriótico” de los empresarios al gobierno (ídem, 1/9).

Crisis financiera, crisis política

Luego de la crisis, la situación no volvió a su punto de partida. El mercado negro de bonos ha quedado incorporado al funcionamiento económico “normal” de la provincia, los Cecor se cotizan al 70-80% de su valor nominal y su circulación es cada día más difícil. Mestre está esperando la oportunidad de volver a golpear limitando la aceptación de los bonos, por la sencilla razón de que las cuentas públicas están en quiebra. Es que “la súbita decisión del gobierno cordobés de restringir la aceptación de bonos … habría respondido a severas presiones ejercidas por los funcionarios del Banco Mundial”, según Salvador Treber y otros (ídem, 31/8).

Sobre una crisis, otra. Las cámaras empresariales le han reclamado al gobierno la firma del Pacto Fiscal para lograr la baja de los aportes patronales. “El presidente Menem —tuvo que recordarles Mestre— dijo que al Estado nacional no le interesa el traspaso de las cajas (jubilatorias) porque no tiene recursos” (ídem, 4/9). El gobierno, si no firma el Pacto Fiscal, está obligado a devolver a la Nación los 70 millones de dólares que recibió al momento de acceder al poder. La Unión Industrial ha salido a reclamar la venta de la empresa de energía eléctrica, lo que significaría liquidar una de las “cajas chicas” de la UCR y del Estado (la otra es el Banco Provincia).

Situación y resistencia de los trabajadores

Los maestros suplentes acaban de obtener una pequeña pero significativa victoria. Luego de que un puñado de ellos ocupara la Dirección Provincial de Educación, el gobierno pagó allí mismo los sueldos atrasados (no cobraban desde principios de año) y sin el descuento por los días caídos. La burocracia de UEPC había concebido la toma como “simbólica”, pero los maestros (junto a la Lista Rosa y Tribuna Docente) “la tomaron en serio”.

La burocracia de UEPC ha sacado un paro de dos horas para el sábado 9, por los salarios pendientes y contra el alargamiento de jornada, y un paro de 24 horas para el viernes 15. En Luz y Fuerza  comenzó a aplicarse el recorte salarial y laboral a partir del 1º de setiembre, y dio lugar a una combativa movilización que no tuvo continuidad hasta ahora, porque la burocracia abrió una tregua para “consensuar” la emergencia.

En Obras Sanitarias (Dipas) se está gestando un movimiento de lucha entre los trabajadores afectados por la rebaja salarial. En Ciadea sólo 200 trabajadores se anotaron para el “retiro voluntario”, que la patronal pretende que sean 1.000.

En este cuadro, el paro del 6 de setiembre fue masivo.

El “crédito” de la población trabajadora cordobesa al gobierno mestrista se agota hora a hora. El balance que se escucha cada vez más de labios de los trabajadores es: “éste es tan o más hijo de puta que el otro”. Ahora se hace sentir la reducción de sueldos. Los empleados públicos acaban de cobrar por primera vez sus salarios de  “emergencia”: un trabajador que percibía 500 pesos tres meses atrás, hoy cobra 280, porque la rebaja salarial no se limita al 30%, sino que incluye la liquidación de mejoras y “plus” arrancados con la lucha de varios años.

Para que aparezca la plata

El gobierno provincial vació el Banco de Córdoba para cubrir el déficit creado por los capitalistas y por el régimen de punteros y funcionarios del “estado angelocista”; en total, los deudores del Banco se alzaron con más de 500.000.000. Están prácticamente “todos”:  Whelan, Materfer, Zanella, Perkins, Grandes Motores Diesel, junto a los socios de la Fundación Mediterránea: Feigin, Extrader, Astori.

Esta situación impone una consigna elemental: que se abran las cuentas del Estado y los capitalistas. La propia burguesía está “abriendo las cuentas” a su modo, es decir, sacando los trapitos al sol en el marco reservado de los despachos de la “justicia”.  Se han hecho excelentes denuncias sobre el vaciamiento del Banco y de las empresas públicas, también sobre sus responsables, pero no se ha avanzado mas allá de este punto. “Que se abran las cuentas”, es una política para encabezar la resistencia obrera contra la ley de emergencia, y para ir a buscar los recursos allí donde están, en los bolsillos de los capitalistas y funcionarios.

Para quebrar la “emergencia”, organicemos comités de lucha, plenarios de delegados y activistas y un congreso de bases de la CGT. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas, para que aparezcan los fondos y “la crisis la paguen ellos”.