Las últimas novedades de la estafa piramidal con una financiera trucha llamada Ríos y Asociados demostraron que la policía salteña está mucho más comprometida de lo que decían el jefe de policía y el ministro de Seguridad Abel Cornejo. Como en los casos de los narcopolicías, la corrupción en el manejo de las cajas y ahora la asociación con una estafa de grandes proporciones son “orgánicas” y alcanzan a buena parte de la jefatura.

Fueron detenidos los dos imputados que habían escapado con ayuda de la policía, Efraín Hernando y Cintia Moya, esta última sindicada como el “cerebro” de la financiera estafadora. Ahora se agregan nuevas evidencias de entrelazamiento de los estafadores con el Estado, esta vez con el Servicio Penitenciario. La mujer se reunió con un conocido estafador que está preso en la cárcel de Metán, pero su visita no fue registrada, aunque quedó grabada en los videos del penal. Tuvieron que desplazar al jefe del penal por esta connivencia o complicidad con la imputada.

Lo más grave es que también fueron detenidos dos comisarios, el Director de la División Robos y Hurtos y la comisario directora de la División de Cobranzas y Adicionales. Ambos fueron imputados por peculado y asociación ilícita. En total son 21 los imputados, 15 están detenidos, 5 son policías.

Días atrás el jefe de policía hizo declaraciones a los medios de comunicación asegurando que no había policías involucrados, apoyado por el ministro de Seguridad Cornejo que dijo que nunca lo notificaron del compromiso de policías en el caso y por lo tanto ni siquiera podía avanzar en un sumario administrativo.

Cuando la fiscalía se presentó en la Jefatura de Policía a “requerir información” fueron muy cuidadosos de que no aparezca como un allanamiento.

La caja negra de los adicionales

Se sospecha que el dinero de lo recaudado con los adicionales iba a parar a una suerte de timba ilegal. La discrecionalidad sobre esos fondos es total. El destino de esos fondos esta exclusivamente manejado por tres personas, el jefe de policía, el subjefe y la directora, ahora detenida.

Es una caja enorme, el valor de cada adicional ronda los $4.000 por 8 horas. Los que solicitan personal con adicional son desde comercios, financieras, bancos, boliches, pubs, espectáculos y eventos deportivos. Además en esa misma caja ingresan todo lo que se paga por trámites, como certificados de buena conducta, permisos de viajes de menores, etc.

Desde el Partido Obrero hemos denunciado sistemáticamente y por años el sistema de adicionales como una suerte de privatización de la policía. Es el caso de los boliches donde el policía con adicional cumple una función de “patovica” a la orden del dueño. Así, cuando se produce un incidente adentro del local y los asistentes piden auxilio a la policía, en lugar de protegerlos los expulsan del lugar para dejarlos en la vereda, a su suerte. Esto se vio en el caso de la muerte de Maxi Zapana en 2010, quien murió apuñalado por una patota en la vereda del boliche Skombro. Los policías adicionales no hicieron nada para impedir el ataque, que empezó adentro del local bailable.

Ante toda esta enorme descomposición policial, que abrió una crisis de gabinete, el gobernador Gustavo Sáenz no dijo una sola palabra. Solo aparecen con iniciativas para tapar el asunto y que los hechos queden como actos de corrupción individual, que no “manchen a la institución”.

Por un lado, el procurador propone mandar un proyecto de ley para la creación de la policía judicial de investigación, que tenga independencia de la jefatura para evitar que filtren información o ayuden a delincuentes, pero dependería del mismo poder político y correrá la misma suerte de los jueces y fiscales que en Salta garantizan impunidad a los poderosos y cárcel a los “ladrones de gallinas”. Por otra parte seguiría siendo la policía la que primero intervenga cuando se comete un delito, que es el momento clave de cualquier investigación.

Por otro lado, el ministro Cornejo también va a mandar a la Legislatura un proyecto de ley para crear una suerte de tribunal compuesto por abogados civiles que juzgue “las faltas disciplinarias” y auditen la caja de adicionales. Parece un chiste de mal gusto. Un control civil en manos de abogados designados por el Ejecutivo tendrá la misma función de garantizar impunidad a los policías que hoy tiene el Departamento de Sumarios Internos. Es que el gobierno garantiza impunidad a la policía como contraprestación por el trabajo sucio de la represión social, del desvío de las causas cuando comprometen a los hombres del poder, o de la sociedad de amplios sectores del Estado con el narcotráfico, todo lo cual es imposible sin la participación de la policía.

Lo que urge en este momento es desbaratar todo el entramado de corrupción, que según un exjefe de Investigaciones tiene como víctimas y estafados a unos 500 policías subalternos, además de un par de miles de civiles.

El verdadero debate no es como se mejora la podredumbre, sino la necesidad del desmantelamiento del aparato represivo en su conjunto para dar paso a una fuerza de seguridad al servicio de proteger a las personas cuyos miembros sean seleccionados con intervención de los organismos de derechos humanos y sus jefes electos por el voto popular.