Se aprobó el repudio a la designación de dos represores

Se los había nombrado en intercargo


La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que integra nuestro compañero Pablo López, aprobó el proyecto de resolución que presentamos desde el bloque Frente de Izquierda – Partido Obrero que plantea el repudio al nombramiento por decreto de Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad en la empresa estatal Intercargo S.A.C., respectivamente, por estar denunciados por su participación en la estructura represiva de la última dictadura militar. La empresa estatal Intercargo opera en rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país. El proyecto -elaborado junto a los compañeros de Apel- exige su remoción y pide al Poder Judicial que investigue inmediatamente la participación de los denunciados en los crímenes de lesa humanidad.


 


Girmoni y Piaggio son marinos retirados. Bajo la última dictadura cumplieron funciones operativas en la Escuela de Infantería de Marina (Esim, en la ciudad de Mar del Plata. La formación de los estudiantes, al igual que la Esma y otros centros clandestinos de detención y exterminio, incluía integrar los grupos de tareas, que procedían a los secuestros, torturas y asesinatos de compañeros. El director de la Esim, Mario José Osvaldo Fórbice, fue juzgado y condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad, torturas, asesinatos y exterminio sistemático de personas. Sus subordinados, Giromini y Piaggio, fueron nombrados por víctimas y testigos en el juicio oral conocido como Base Naval II, que se desarrolló en Mar del Plata. En ese juicio, la Fiscalía probó la participación de los miembros de la Esim entre 1976 y 1978 en el plan sistemático de exterminio, donde ambos cumplieron funciones operativas.


 


La designación de estos ex marinos es expresión de una política de Estado en favor de la reconciliación con los genocidas, que se expresó bajo el gobierno kirchnerista  en la designación de Milani al frente del Ejército y que ahora quiere profundizar el gobierno de Macri, reviviendo la “teoría de los dos demonios” y poniendo a desfilar en el Bicentenario a carapintadas y represores. El operativo de reconciliación apunta a reforzar el papel de las fuerzas armadas en la vida política y social del país, con la mira puesta en la reacción popular ante el ajuste en curso. La aprobación de nuestro proyecto es un golpe a esta orientación política.


 


En el día de ayer hemos dado un paso que refuerza la lucha de sobrevivientes, familiares, y organismos de Derechos Humanos contra la impunidad de los genocidas.


 


Ahora vamos por la destitución.