Políticas

5/12/2013|1296

Se blindan contra el pueblo

La nueva "ley de responsabilidad del Estado"

Apel

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto K que busca limitar la responsabilidad del Estado.


El proyecto restringe la posibilidad de demandar al Estado o a sus funcionarios, a la vez que reduce los montos que las víctimas podrían reclamar por los daños provocados por sus acciones u omisiones.


De acuerdo con la nueva legislación, todas las cuestiones relacionadas con demandas contra el Estado deberán resolverse en el fuero contencioso administrativo. Ese fuero carece de legislación unificada, ya que cada provincia -y hasta los municipios- tienen la facultad de dictar sus propias normas. Los sistemas contenciosos se caracterizan, además, porque extienden los tiempos procesales y no admiten una mediación, lo cual desalentaría el inicio de cualquier demanda contra el Estado.


La nueva ley exime al Estado y a sus funcionarios de sanciones pecuniarias disuasivas. El caso más común es el de aplicación de multas a funcionarios y organismos por no contestar informes requeridos por la Justicia. Por caso, la Inspección General de Justicia siempre niega datos sobre la propiedad de empresas cuando le son requeridos por los jueces en demandas laborales o civiles. Ya no sufrirán multas por ese acto de encubrimiento.


La nueva ley exime al Estado de la responsabilidad por los daños y perjuicios que deriven de "casos fortuitos o de fuerza mayor". En la interpretación que se quiere imponer, el Estado no sería responsable por daños producidos por inundaciones, terremotos o tornados. El proyecto invita a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir; luego de las últimas inundaciones en La Plata y en la Capital Federal, es muy probable que ello ocurra, para no responder por los desastres que promovieron al darle rienda suelta a los especuladores inmobiliarios.


Acción del Estado


El Estado responderá sólo cuando el daño sea producto de una acción ilícita, con independencia de que ésta fuera cometida con o sin premeditación. En cambio, si el daño deriva de una acción negligente, el Estado sólo responderá si el que la realiza incumple sus funciones.


Cuando el daño surge de una actividad legítima, la responsabilidad del Estado es excepcional y en ningún caso se admite el lucro cesante ni el daño moral. La ley también deslinda al Estado de "los daños causados por la actividad judicial". El caso más común es el de las personas que permanecen detenidas durante años, pero finalmente son sobreseídas en la instancia del juicio oral: ahora, les estará vedado demandar al Estado.


Concesionarios


¿Cómo quedaría la responsabilidad del Estado en el caso de los servicios concesionados (ferrocarriles, subte) de acuerdo a este proyecto?De acuerdo con el proyecto aprobado por los diputados, la responsabilidad de los funcionarios quedará limitada a los casos donde se probara que se actuó "en forma contraria a la ley o los reglamentos, siempre y cuando quedara probado que lo hicieran con deliberada intención". Por caso, si como resultado de la causa por la masacre de Once los funcionarios terminaran condenados por estrago culposo (sin intención), Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime no deberán responder con su patrimonio por las demandas de las víctimas. Precisamente, los familiares de Once han salido a repudiar esta ley.


En su artículo 6° sostiene que el Estado "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende uncometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la acción encomendada". Este sería el caso, por ejemplo, de un daño que surgiera del traslado de los pasajeros ("la acción encomendada" a los concesionarios del transporte).


Restringir la responsabilidad civil a las concesionarias también afecta directamente a las víctimas. La existencia de franquicias de las aseguradoras limitan los resarcimientos que podrán exigir los afectados.


Esta ley, que complementa la reforma del Código Civil, blinda al Estado contra las consecuencias de sus atropellos a los trabajadores y a toda la población.