En enero, la dirección de ATE-CTA hizo una denuncia penal y una campaña de gran repercusión contra nuestra  diputada Gabriela Suppicich. La acusación incluía la ocupación de tres cargos y cobrar tres sueldos en forma simultánea.

 

Quedó demostrado que la denuncia de Quintriqueo y Marillán fue un ataque a la bancada del Frente de Izquierda y un acto de complicidad con la patronal del Ministerio de Salud.

 

La Fiscalía de Delitos Patrimoniales contra la Administración Pública ha desestimado la denuncia. Sin embargo, los dirigentes de ATE y CTA no le han dado a esta resolución la misma publicidad que dieron a sus denuncias.

 

La resolución de la fiscalía llega a la conclusión de que “conforme al amplio conjunto de medidas requeridas y contestadas, aparece evidente que no se evidencia conducta delictual alguna por parte María Gabriela Suppicich que haya originado un perjuicio al erario de la Administración Pública” y desestima la denuncia.

Ha fracasado una maniobra artera de dirigentes sindicales aliados a los gobiernos provincial y nacional. Hicieron una falsa denuncia, deberán hacerse cargo. También deberán responder el ministro de Salud Butigué y el administrador del ISSN Marcelo Berenguer.

 

Exigiremos que, por las mismas vías e intensidad con que hicieron la denuncia, se rectifiquen de sus dichos. También solicitaremos el desagravio de estos dirigentes ante el plenario y el Congreso de ATE.

 

¡Fuera la burocracia sindical!