Si en el pasado reciente Amado Boudou logró destituir a un juez y forzar la renuncia del procurador general de la Nación, ahora sus intentos de desplazar al juez Ariel Lijo fracasaron ruidosamente.

La Cámara más afín al gobierno, integrada por Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, rechazó el pedido de recusación de Lijo y la anulación del testimonio de los hermanos Ciccone. Farah pretendía aceptar el pedido de la defensa del vicepresidente, pero los otros dos se negaron. Esa decisión se tomó el miércoles 28, cuando “la presión del gobierno sobre los jueces era ya insoportable” (La Nación, 1°/6).

Citado a indagatoria, el procesamiento de Boudou se vuelve casi inevitable. Lijo, como señalan los medios de prensa, no habría asumido el costo político y el riesgo de indagarlo para sobreseerlo y mandarlo tranquilamente a su casa ese mismo día.
Ahora, el kirchnerismo se verá forzado a usar su mayoría en el Senado para impedir un juicio político y la destitución del vicepresidente. Si el kirchnerismo no lo habilita, el Senado de la Nación quedaría transformado en un aguantadero.

A. G.