La Cámara de Diputados aprobó una derogación parcial de la popularmente conocida como “ley antihuelgas”. La derogación de esta ley ha sido uno de los puntos centrales que la Asamblea de Docentes Unidos de Salta levanta como bandera. Durante la huelga, el Partido Obrero fue mandatado para traducir este reclamo en Diputados, y hace unos meses, en ocasión de su tratamiento, los docentes rodearon la Legislatura para exigir su derogación, ante el anuncio del gobierno de que iba a aplicar descuentos. El oficialismo impulsó en ese momento una sanción contra el diputado Claudio Del Plá, que finalmente se redujo a un “llamado de atención” luego de una gran campaña de repudio que se abrió paso entre distintos sectores de trabajadores y organizaciones de Derechos Humanos, entre otros. 

 

La “ley antihuelgas” tuvo su origen bajo el mandato del ex gobernador Romero, para enfrentar las luchas de trabajadores contra el desguace del Estado, avanzando en el despido de 5.000 empleados públicos y en la privatización de los servicios públicos. Nuestro proyecto puso en evidencia el carácter anticonstitucional y antiobrero de sus principales artículos, porque establecen la penalización del ejercicio de un derecho fundamental. Así, entonces, la derogación de esta ley estaba planteada como una causa democrática central en defensa del derecho a huelga de más de 60.000 empleados públicos en la provincia. 

 

El proyecto del PO por la derogación completa de esta ley estuvo diez veces en el acta de labor parlamentaria, aunque el oficialismo, que cuenta con mayoría en la Cámara, se había negado a tratarla hasta ahora en nombre de abrir un debate con diferentes sectores. Tras varias reuniones con una amplia participación finalmente tuvo que ceder, dándole media sanción en Diputados, modificándola parcialmente. Es toda una victoria, porque desaparece el artículo que prohíbe expresamente la huelga en los lugares de trabajo; como también el descuento obligatorio de todo paro, haya sido declarado legal o ilegal. Aunque el gobierno no podrá remitirse a la ley para descontar, dependerá de la fuerza de los trabajadores el imponer el pago de los días caídos. Por otra parte, establece la exclusión de la educación, la Justicia y el transporte como servicios esenciales, lo que quiere decir que el gobierno no podrá exigir el establecimiento de guardias mínimas en estos casos. No obstante, sostiene este carácter sobre la salud, la producción, la distribución de agua potable y energía, la telefonía y el control del tráfico aéreo.

 

 

Contra el derecho de huelga

 

El garantizar “guardias mínimas” en estos casos no es más que una excusa del gobierno para condicionar arbitrariamente el ejercicio libre del derecho a huelga, la única herramienta con la que los trabajadores cuentan para defender y conquistar sus reivindicaciones. Esto se hace evidente cuando los cortes de luz y agua se han hecho frecuentes en la provincia, pero no por culpa de una huelga, sino por el vaciamiento de inversiones en los servicios que han sido privatizados por los que nos gobernaron los últimos treinta años.

 

La lucha contra la ley antihuelgas sigue. Ahora tiene previsto el pase al Senado provincial, en el que defenderemos, con nuestra senadora Gabriela Cerrano, su derogación completa.

Para el avance en la desarticulación de algunos aspectos de esta represiva legislación, ha sido esencial la lucha de la docencia, así como poder contar con bancadas que defiendan consecuentemente este programa, traduciendo sus reclamos.