Con la libertad del “Pollo” Sobrero se derrumbó otra provocación oficial contra la izquierda y el movimiento obrero independiente del Estado y de la burocracia sindical. La detención de Sobrero no fue un desvarío judicial: en toda su trama se advirtió la mano del gobierno y de su aparato de represión y espionaje contra el movimiento popular (las acusaciones de una persona en situación de calle, vulnerable, contra Sobrero, llegaron a la Justicia a través de elementos de la policía bonaerense). Aníbal Fernández fue el vocero político de la embestida judicial, sin que su accionar fuera jamás desmentido por la Presidenta o algún miembro del gabinete. El kirchnerista Tiempo Argentino desplegó esas inmundicias en su tapa del domingo. La determinación de este operativo político demuestra que tenían la intención de dejar a Sobrero en la cárcel. Si la provocación se vino abajo fue por la conmoción popular generada por las detenciones, que se manifestó frente al juzgado de San Martín y en la marcha masiva concretada horas después a Plaza de Mayo. Sólo después de esas manifestaciones, que dejaron abierta la perspectiva del paro ferroviario, Sobrero fue liberado.

Una línea política

Que el gobierno haya cargado contra Sobrero y el activismo ferroviario no es una “torpeza” o exabrupto: revela la hostilidad cerril del kirchnerismo para con los luchadores antiburocráticos, y muy especialmente hacia los ferroviarios. Es una línea largamente “trabajada”: de un lado, eximir de la responsabilidad del vaciamiento ferroviario a los privatizadores “amigos”, y cargarle el fardo al movimiento popular. Del otro, proteger a la burocracia sindical ferroviaria -que gerencia ese mismo vaciamiento- y criminalizar a los que luchan contra ella. Fernández ya había acusado al PO y a Solanas de las quemas de trenes del año 2006, sin haber podido presentar nunca una sola prueba de ello. Cuando el PO le inició una querella por esas infamias, se declaró prófugo de las citaciones judiciales. Pero esa saña oficial se redobló después del crimen de Mariano Ferreyra. Desde el primer minuto posterior al crimen, quisieron “compensar” la responsabilidad criminal de la burocracia ferroviaria inculpando a los luchadores (“teoría de los dos demonios”). La posición oficial, expresada por Tomada, fue lamentar “los enfrentamientos”. Dos meses después, Nilda Garré debutaba como ministra de Seguridad, endilgándole al Partido Obrero los desmanes que la burocracia sindical había organizado en Constitución para desarticular la lucha de los tercerizados. La participación de elementos de la burocracia en esa provocación nunca fue investigada, pero cuatro compañeros de Causa Ferroviaria han sido procesados.

La inmensa acción popular mandó a la cárcel a Pedraza y a sus secuaces. Pero el régimen asociado a los Pedraza está empeñado en cobrarse esa cuenta a costa de quienes combaten a Pedraza y al derrumbe ferroviario.

El significado de la nueva provocación

La nueva provocación contra Sobrero se produce en un momento preciso. Por un lado, el régimen que ha rescatado a los privatizadores a costa de subsidios millonarios se ha agotado. Pero el kirchnerismo y sus opositores apuestan a salir del pantano a costa de los usuarios (tarifazos) y de una mayor presión contra los trabajadores del transporte. Este rumbo exige, naturalmente, golpear a sus luchadores antiburocráticos: la detención de Sobrero fue precedida por las patoteadas en la Línea 60 y los ataques de Cristina Kirchner a los delegados del subte.

Por otra parte, el aniversario del crimen de Mariano Ferreyra será el escenario de otra gran manifestación popular, mientras salen a la luz las corruptelas de los defensores de Pedraza para volcar a la justicia de su parte. El régimen que nunca ha expulsado a los socios de Pedraza de la gestión del ferrocarril no renuncia a sentar en el banquillo a los enemigos de los privatizadores. El fracaso de esta nueva provocación ha dejado planteada una crisis política. Para una parte sustancial de la opinión pública obrera, popular y progresista (incluso para una parte de los kirchneristas), la provocación contra Sobrero ha sido un plato muy duro de digerir. Exijamos, con ellos, el desprocesamiento definitivo de Sobrero y de todos los luchadores ferroviarios y que se vaya el provocador Aníbal Fernández. La libertad de Sobrero refuerza la convocatoria, para este 20 de octubre, a una gran movilización popular por Mariano Ferreyra, para que sean condenados Pedraza y su patota; para que vayan presos los policías y empresarios cómplices; para expulsar a los privatizadores y burócratas del ferrocarril; para luchar por una nueva dirección sindical y política de la clase obrera.