El Proyecto de Ley de Salario Mínimo de 600 pesos para la Ciudad de Buenos Aires del Partido Obrero, presentado por Altamira, empezó el trámite parlamentario respaldado por otros dos legisladores, Abel Latendorff, del PSA, y Lía Méndez, del Partido Humanista; los diputados de IU no han querido acompañarlo. El texto recoge los aportes que fueron efectuados durante su discusión pública.

La oportunidad política no puede ser mejor. El grupo Macri lleva adelantada su gestión para reducir a 405 pesos el salario de miles de compañeros del Correo Argentino mediante un recurso de crisis que es apoyado por la burocracia sindical. Aerolíneas tramita una rebaja del 20% apelando a una “reestructuración productiva” que incluye 1.200 despidos y flexibilidad laboral. El Exxel Group rebajó los salarios en todas las empresas del grupo, y si OCA no lo hizo es porque el básico de la rama camionera es ya de 412 pesos.

La rebaja de salarios es una línea general de la burguesía y su gobierno. Buscan la salida a la impasse económica en la “confluencia competitiva” de un salario de 400 pesos o menor aún. Esta es la línea de pobreza que hoy abarca al “49% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires”, tal cual lo señalan los fundamentos del proyecto.

En Praga, los banqueros que caracterizaron como “decepcionante” el crecimiento económico argentino, recomiendan “profundizar la baja de costos como único camino al crecimiento”.

Pero el proyecto, por sus características, tiene un alcance mayor aún. Hoy el salario promedio argentino no alcanza los 600 pesos por el total de horas trabajadas, que en Argentina son –en promedio– 2.334 anuales contra 1.948 en EE.UU. y 1.683 en Francia (citado en los fundamentos). El proyecto propone luchar por 600 pesos en 8 horas diarias y 40 semanales, poniéndole un coto a la superexplotación.

La aprobación de este proyecto de ley sería revolucionaria incluso entre los 90.000 trabajadores públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo porque eleva el mínimo, que es inferior especialmente entre miles de contratados, sino porque el básico en blanco que cobra la mayoría es inferior a este mínimo en un 30 ó 40%. Es decir que impondría un blanqueo considerable y sería un disparador de toda la escala, planteando la lucha por la no absorción de diversos adicionales.

De cabo a rabo el concepto del proyecto no es el de un ‘sinceramiento’ salarial sino ser una palanca de transformación social que “revalorice la fuerza de trabajo” hoy “completamente por debajo de su valor de reproducción”.

El triunfo de este proyecto sería un golpe mortal a la Reforma Laboral y a la Ley del Empleo Público en la Capital Federal, que han abolido las conquistas de convenios colectivos pasados, precisamente para eliminar un piso común de derechos de todos los trabajadores.

El proyecto prevé llevar el mínimo salarial a 1.200 pesos en cuatro años, lo cual constituye una plataforma reivindicativa para el conjunto del movimiento obrero.

Así planteadas las cosas, un proyecto de estas características merece no tan sólo el apoyo formal (que hay que reclamar) de las organizaciones obreras: merece que sea transformado en un factor de movilización política, en un eje de la acción directa de los sindicatos y también de las organizaciones de desocupados, porque su planteo de 8 horas y 40 semanales crea mejores condiciones para imponer el reparto de las horas de trabajo, que deja disponibles la vigencia de la jornada de 8 horas.

Tenemos que ponerlo a debate en todas las empresas de la Capital, entre los estatales, docentes, municipales, etc. Por arriba y por abajo.

Al decir en sus fundamentos “que la experiencia histórica demuestra que para lograrlo se requiere la acción decidida en el campo de la movilización de masas” y (en su artículo 6º) de la organización masiva de los trabajadores para imponer su cumplimiento, el proyecto trasciende las perspectivas parlamentarias. Pone al frente a los cuerpos de delegados y comisiones internas para verificar su aplicación, con lo cual éstos sustituyen parcialmente el poder del Estado patronal.

Ha entrado en la Legislatura porteña un proyecto de “interés de Estado” para la clase obrera. Luchemos por él.