El juez Caro, a cargo de la causa por la muerte de Omar Carrasco, ha declarado que los sospechosos por el crimen están cercados y “no serían más de siete” (20/5). El juez ha repetido en términos casi idénticos lo que Oscar Camilión, Ministro de Defensa, asegurara en el gabinete nacional una semana atrás, que los autores del crimen de Omar Carrasco estaban “identificados” y la investigación “prácticamente resuelta”. Pero al cabo de diez días de semejantes promesas, no ha ocurrido ni una cosa ni la otra.

Camilión y el juez Caro han dado sus “primicias” apoyándose en las “conclusiones” de un fallo de la justicia militar, que sostiene que el subteniente y el suboficial actuaron el día de la muerte de Omar Carrasco “en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores”, una historia grotesca que busca “eliminar o limitar la responsabilidad del Ejército… poniendo a Canevaro como la máxima autoridad del regimiento” (Segovia, abogado de la familia Carrasco, Página 12, 29/5).

El gobierno está empeñado en una virtual “carrera contra reloj” para cortar cualquier investigación que vaya más allá de la “historia oficial”. Esto explica el envío a Zapala del fiscal ultramenemista Romero Victorica “con instrucciones expresas del gobierno nacional para los fiscales” y su regreso a la Capital con “más pruebas incriminatorias contra el subteniente Canevaro” (Río Negro, 21/5), así como la multitud de “servicios” en Cutral Có y Zapala cuya “tarea” es el seguimiento e intimidación de la decena de conscriptos llamados a declarar bajo amparo judicial.

La justicia federal es cómplice

El gobierno y el alto mando pretenden que la Justicia federal se haga cargo del “punto final” de la “investigación”. Para esto, trabajan en la destrucción y el ocultamiento de pruebas. A dos meses de la denuncia por la desaparición de Omar Carrasco y uno y medio de la aparición del cadáver “hubo rastreos y pericias que no se practicaron oportunamente, testimonios que requirieron tardías ampliaciones (y)… no se decretó la rápida prisión preventiva e incomunicación de los presuntos encubridores que informaron la deserción de un conscripto que estaba muerto” y que, “casualmente”, eran los jefes del regimiento o de la brigada que ahora aparecen “no sabiendo nada”. Todo esto —según La Nación, 22/5— posibilitó “un sólido pacto de silencio”. El perito de la familia Carrasco denunció que “la medicina forense demora un informe clave” sobre el día y hora exacta de la muerte del conscripto y otros datos que pueden quedar imprecisos por el paso del tiempo (Río Negro, 18/5), aunque el juez “podría solicitar la colaboración de antropólogos internacionales”, cosa que no hace (Crónica, 16/5).

La conspiración de Estado para tapar el crimen dejaría abierto el camino para que incluso los 5 o 6 “responsables” que habrían actuado en “absoluta soledad” queden también sin mayor pena “porque no hay testigos presenciales del hecho” y el “pacto de silencio” puede llevar “a más de una condena por falso testimonio, pero no conducirá unívocamente al asesino” (Río Negro, 20/5).

 

Servicio optativo: una cortina de humo

Menem, Balza y Camilión anunciaron la “inminencia” de un “plan de transición” hacia el servicio militar optativo urgidos por el temor a la movilización de padres y jóvenes ante el sorteo de los nuevos conscriptos. El tema se ha revelado como una cortina de humo para desviar al movimiento de lucha por el juicio y castigo de los ejecutores, cómplices y encubridores del asesinato y la liquidación de la dictadura en los cuarteles. Lo que se promete como una “reforma de las instituciones” no es tal y se pone bajo la dirección de los mandos actuales y del régimen político encubridor.

La movilización sigue en pie (marchas en Allen, Bariloche y el Alto Valle). La muerte del conscripto rosarino Javier Ponce en Puerto Belgrano, que el alto mando pretende atribuir a un suicidio, vuelve a sacar a luz todo lo que se quiere tapar con la “muerte” de la “investigación”.

Todo esto plantea la necesidad de ganar las calles profundizando la movilización política por el juicio y castigo y llamar a una gran marcha a Plaza de Mayo contra los asesinos, los cómplices y los encubridores.