Políticas

22/11/2007|1018

Se recuperó la “ley de enganche”

El jueves 15, el Senado provincial completó la aprobación de la ley que restituye el enganche de los salarios de los empleados judiciales con los jueces de la Corte. La categoría más alta llegará progresivamente al 70% de los ingresos por todo concepto de los jueces de Corte.


Esta ley excluye a los judiciales de la aplicación del artículo 19 de la Ley de emergencia económica, que prohíbe desde hace 17 años que los gremios pacten cualquier tipo de actualización automática de sueldos, sea por el índice de inflación u otros.


El proyecto original, que suscribió la bancada del PO, planteaba la derogación del artículo 19 para todos los trabajadores y la aplicación inmediata del enganche a los judiciales. Los kirchneristas, que fueron autores de este proyecto en tiempos de campaña, quedaron ahora embretados en llevarlo adelante. Hicieron todo lo posible en la sesión de Diputados para que no se trate, pero el oficialismo romerista, ahora derrotado, se volvió “súbitamente” partidario de restituir un enganche que va a tener que pagar el nuevo gobierno.


Así las cosas, con los judiciales movilizados y con un quórum que se garantizó por la presencia de los diputados del PO, los kirchneristas tuvieron que bajar a sesionar y aprobar un dictamen que sólo se refiere a la restitución del enganche a los judiciales y de manera progresiva.


Con todo, se trata de una gran conquista que ha abierto el debate sobre el aumento de salarios para todos los estatales. Los diputados del PO seguiremos planteando la derogación del artículo 19 para todos los estatales. Al reclamo de un doble aguinaldo y aumento de salarios, agregamos el reclamo de ajuste salarial por índice de precios.


Una declaración del PO distribuida en los lugares de trabajo dice:


“La ley de emergencia económica ha servido siempre para que sean los trabajadores los que paguen los costos de las crisis con salarios miserables. Para las empresas privatizadas y las contratistas del Estado no hubo emergencia económica… para ellas han habido siempre contratos ajustables y con sobreprecios…


Hoy, los viejos oficialistas de Romero y los nuevos oficialistas quieren seguir manteniendo esta ley de emergencia que va en la misma línea del llamado “Pacto Social” que se quiere implementar a nivel nacional para poner un techo a los salarios, mientras los aumentos de precios pulverizan el poder adquisitivo de nuestros sueldos.”


El triunfo de los judiciales abre una nueva etapa en la que el desafío es sostener la autonomía de las organizaciones obreras con un pliego común frente al nuevo gobierno: Fin del trabajo en negro, pase a planta de los contratados y planes en el Estado, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, ajustable por inflación, 82% móvil a todos los jubilados.