Políticas

8/5/2020

Se viene otro zarpazo a los jubilados

El gobierno de Alberto Fernández anunció que habrá movilidad jubilatoria por decreto en junio y que probablemente no haya ley de movilidad hasta el 2021.


Se planea una nueva confiscación a los jubilados mientras el gobierno dispone de los fondos de la Anses para subsidiar a las 420.000 empresas que se anotaron para que se les cubra parte de los sueldos y para ser eximidas de los aportes jubilatorios, si demuestran haber tenido una caída en sus operaciones comerciales en el último año. Por otro lado, los acuerdos de suspensiones con rebaja de salarios que firman los sindicatos eliminan tanto el aporte patronal como el aporte del trabajador. La Anses está siendo vaciada.


Mientras el cálculo del valor de la canasta mínima jubilatoria la lleva a $ 45.020 pesos, Santiago Cafiero, y la camporista Fernanda Raverta, junto con Alberto Fernández tienen la desfachatez de hablar de que “el aumento a jubilados se va a empezar a trabajar y va a salir por decreto en junio. Se está trabajando en el Gabinete económico, tiene muchas aristas y componentes (radio La Red 4/5).


Recordemos que en junio, de acuerdo al derecho adquirido de la movilidad suspendida, el aumento sería de 10,89%. Raverta y Cafiero declararon que “estudian” el futuro de las jubilaciones.


Los sucesivos gobiernos tienen una larga historia de saquear los fondos jubilatorios.


La medida de modificación del cálculo del haber votada por el macrismo y por el peronismo, en medio de una brutal represión, en la sesión de 18 de diciembre de 2017, significó la pérdida de varios puntos en el cálculo del haber. Fue a todas luces un robo impuesto a hacha y lonja. En marzo, la eliminación de la movilidad sumó otro latrocinio a los ingresos carcomidos por la inflación, cuando se privó a la mitad de los jubilados del aumento de casi el 12%.


Con la ley de Emergencia de Fernández, votada en el parlamento en diciembre del 2019, se suspende la fórmula, se aumenta por decreto y se establece una diferenciación del aumento, por el cual se le otorgó a la mínima una suma fija de 1.500 pesos y el 2,3% de aumento, que significó un 12,96% y para el resto de las jubilaciones, el aumento fue decreciente. Como ejemplo, alguien que cobraba 30.000 pesos tuvo un aumento del 7,3%.


La determinación de un nuevo decreto de aumento jubilatorio va a volver a batir el parche de la solidaridad, de darle a los que menos tienen, de que el que gana más de jubilación le dé al que gana menos. El gobierno de Fernández, Cafiero y Raverta lo hace en medio de una inflación del 3,5% mensual, del descarado aumento de los alimentos y del 80% de los jubilados cobrando desde $12.850 como son los de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), pasando por las supermiserables pensiones graciables y a la invalidez y la mínima de 15.891 pesos. Y, desde luego, sin resolver el problema de las rentas vitalicias por las cuales 300 mil jubilados cobran cifras ridículas.


Pregonan un decreto a la baja cuando el coronavirus está haciendo estragos en los adultos mayores, muchos de ellos contagiados en las colas del 3 de abril o en los geriátricos que carecen de personal preparado y suficiente y de elementos de seguridad e higiene adecuados para la pandemia.


El aumento por decreto consolida la miseria jubilatoria y de las pensiones en el momento de más necesidades de los adultos mayores.


Tenemos que dar continuidad a la campaña en defensa de la movilidad que iniciamos antes de la cuarentena y que incluyó el apoyo a la presentación de inconstitucionalidad de la suspensión por parte del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.


Por el 82% móvil sobre el mejor sueldo, por la mínima hoy de 45.000 pesos, por el pase a mejor convenio y en blanco a todos los trabajadores. Por restituir los aportes jubilatorios patronales y por el pago de todos los papeles de deuda con la Anses.


Que los fondos para afrontar la pandemia salgan del no pago de la deuda y de un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos y propiedades terratenientes, como establece el proyecto de ley del Frente de Izquierda.


Por la dirección y el control de la Anses, de las cajas provinciales y del Pami y obras sociales en manos de los trabajadores y jubilados.


Por un sistema único de salud que incluya a los geriátricos, bajo control de los trabajadores.


Por impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.


La unidad de los trabajadores activos y de los trabajadores pasivos es decisiva para llevar estos reclamos al triunfo.


En cada sindicato, en la CGT y la Cta debe tomarse la lucha jubilatoria.


La Coordinadora Sindical Clasista llevará este planteo al seno del Plenario Sindical Clasista para que sea incorporado al plan de acciones a resolver.