Políticas

15/4/2004|846

Seguridad: ¿Azules contra colorados?

Hay que disolver la "bonaerense"

La designación de Arslanián a cargo de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es un anuncio de nuevas crisis políticas en torno a las organizaciones armadas del Estado. La salida que propone Arslanián es una madeja de contradicciones. Plantea crear una “Policía Metropolitana”, “un cuerpo especial para actuar en el Conurbano con intervención de fuerzas federales, una modalidad de FBI criollo” (Clarín, 9/4), manteniendo a una “Bonaerense residual”. Otra variante de esta línea fue esbozada en el Senado por Cristina Kirchner: la posibilidad de intervenir a la Bonaerense, dando una participación al ejército en la política de seguridad interior. Sea formar una paralela, sea meter el ejército en las comisarías, plantea la posibilidad de un choque armado entre aparatos del Estado; apenas un secuestro, una provocación o cualquier delito confronte en las calles a las “maffias” de unos con los “justicieros” de los otros. Esto sin mencionar la crisis política que se mete como una cuña entre el aparato de la gobernación provincial y el de los intendentes de la Bonaerense. Según los trascendidos periodísticos, el gobierno nacional habilitaría a Solá a “intervenir aquellos distritos en los que se sospecha que existe una connivencia entre uniformados y las autoridades locales (Ambito Financiero, 5/4). “La policía –amenazó Patti– no le responde (a Solá). Creo que nos tenemos que preparar para lo peor” (Clarín, 8/4).


 


Crisis política


La instrumentación política de la crisis de seguridad, que pretendió realizar un ala del peronismo (Ruckauf, Camaño, Barrionuevo), para limar las bases del gobierno; o la de la “derecha liberal” (Sobisch, Marín, López Murphy), que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado norteamericano, se vio paulatina pero firmemente erosionada por una reacción democratizante, que rechaza la “mano dura” mientras ésta se encuentra a cargo de la “Bonaerense” y la maffia policial en general. Hasta Blumberg se vio obligado a desautorizar públicamente a Ruckauf.


Está probado que la DDI de San Isidro está involucrada en los secuestros de Pablo Bellucio, Ernesto Rodríguez y Cristian Riquelme; que la cana “cobra entre un 25 y un 35 por ciento del rescate”, y que señala “a las víctimas, haciendo la logística y liberando la zona para el secuestro y el pago del rescate” (Página/12, 30/3). Esto testimonia lo que ya se sabe hasta el cansancio: la existencia de una maquinaria delictiva con apoyo judicial y político, porque una parte de eso “va para senadores y diputados que actúan en las sombras” (ídem). El asesinato de Axel Blumberg ha servido para profundizar una puja política, con posicionamientos de derecha y de centroizquierda, que no sale del planteo de “reformas” sin salida.


 


Desmantelar a la “Bonaerense”


La política de Arslanián promueve la formación de Foros vecinales de Seguridad, que estarían compuestos por las “fuerzas vivas”, precisamente las que han venido financiando a la policía del “gatillo fácil” desde toda la vida. La única salida es disolver a la Bonaerense y poner la seguridad bajo el control de los trabajadores y de las asambleas populares de cada barrio.


De lo contrario, la perspectiva es volver a 1962/63, cuando dos fracciones del ejército (azules y colorados) se libraron a una lucha armada que tuvo cuatro grandes choques de tropas de alcance nacional.