El gobierno nacional, por medio de un decreto presidencial de Alberto Fernández, convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación del 23 de enero al 28 de febrero, en medio de la crisis política y la parálisis del Poder Legislativo. Se trata de una medida propagandística, con inciertas chances de sesionar y que busca devolverle la pelota a la oposición patronal que mantiene un “boicot” legislativo contra el juicio político a la Corte Suprema.

La agenda presentada por el Ejecutivo nacional integra 27 temas a tratar, entre los que se encuentran asuntos que la oposición viene bloqueando (designación del Procurador General de la Nación, ampliación de la Corte, reforma del Consejo de la Magistratura y juicio político a la Corte), proyectos impulsados por Massa (ley de blanqueo y reforma del Indec) y algunos pocos proyectos de interés popular (moratoria jubilatoria, creación de universidades nacionales) que seguirán durmiendo el sueño de los justos.

Estamos ante una decisión que busca invertir la campaña de la oposición patronal que responsabiliza al gobierno por la parálisis del Congreso, tirando toda la carne al asador, con especial atención a ella que es indigerible para la derecha.

La excepción, que busca quizás generar un frente interno de crisis, es el tratamiento de la modificación de la Ley de Presupuesto que podría habilitar los fondos para pagar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que las sesiones del Congreso se encuentran paralizadas por la propia crisis política. La intervención de la Corte respecto a la coparticipación federal solo puso de manifiesto la impotencia del gobierno para imponer una agenda propia cuando ya se encuentra sometido al temario y las presiones del FMI.

El recule de Alberto Fernández respecto al no pago del fallo por la coparticipación a CABA intenta ser cubierto con una puesta en escena de enjuiciamiento a la Corte que no cuenta ni con el aval de la mayoría de los gobernadores (con varios “propios” por fuera) ni chance de avanzar en el recinto.

A pesar de presentarse como un fracaso adelantado, la oposición patronal rechaza que el juicio político a la Corte se convierta en un asunto prioritario de la agenda política, reivindicando la injerencia de los cortesanos como un soporte a la tutoría política del FMI sobre el gobierno.

La escenificación de esta “disputa” intercapitalista también sirve a los fines de hacer pasar el ajuste por abajo, cuestión que nunca detiene su marcha. Ambos bloques capitalistas lanzan acusaciones cruzadas contra el otro pero amparan la política de ajuste salarial, recorte del gasto público y cumplimiento de las metas del FMI que siguen su curso.

En el conflicto entre el gobierno, la oposición patronal y la Corte no hay ningún representante de los intereses populares y de los trabajadores, los cuales dependen de la organización independiente por los reclamos de la clase trabajadores: una agenda propia que integra el planteo de la ruptura con el FMI como medida excluyente.

En este marco, el Partido Obrero trabaja su convocatoria al plenario abierto del 11 de febrero, para reforzar la organización política de los trabajadores a través de la intervención del Frente de Izquierda Unidad y convocar a un Congreso Nacional del FIT-U que delibere y resuelva un curso de acción común para que los trabajadores se abran paso con su propia agenda.