La lucha de los estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires ha llegado al punto previsto: el gobierno de Solá ha recurrido a la conciliación obligatoria. El Estado se vale de la autoridad represiva que le confiere la ley para imponer un cese arbitrario de la lucha. En el caso de esta lucha, el Estado obra como juez y parte –es la patronal y el árbitro. La orden compulsiva de cesar los paros y las movilizaciones coloca a la lucha en un nuevo plano.

La autoridad del Estado no representaría nada en las presentes circunstancias. El gobierno es débil y los trabajadores actúan con determinación. Solá decretó la conciliación forzosa sólo cuando hubo cerrado antes un acuerdo con la burocracia de los diferentes sindicatos, cuyos términos (‘non sanctos’) naturalmente se desconocen. La burocracia de la Upcn y Soeme levantaron la lucha sin consultar a nadie; ATE apeló al remanido recurso de ‘suspensión’ del plan de lucha por tiempo indefinido, aunque luego fue sensible a los pronunciamientos de la totalidad de los lugares de trabajo y se vio obligada a rechazar la conciliación. Consecuentemente, convocó a un paro para el 23 y el 24 y reafirmó el reclamo de un aumento de 250 pesos al básico.

El rechazo a la conciliación obligatoria se manifestó en asambleas de características masivas. En las reparticiones del gobierno, en la Legislatura, en numerosos hospitales y por parte de los auxiliares de muchas escuelas. En el caso del hospital Castex, fueron los delegados de Ate y los medicos de la Cicop los que hicieron la propuesta de rechazar la conciliación obligatoria y continuar la lucha.

En una parte de lugares de trabajo, la totalidad o la mayoría abrumadora de los trabajadores pertenece a un solo sindicato por rama de actividad; en otros la afiliación sindical está repartida. La decisión de Upcn y Soeme de aceptar la conciliación plantea la necesidad de superar la división sindical, lo cual puede ocurrir de una sola manera: sobre la base del respeto a las decisiones de asamblea y la formación de comités de lucha electos por las asambleas y responsables ante las asambleas. Hasta la conciliación vino operando un frente sindical de hecho que incluso no era tal, porque no estaba unificado en el reclamo de los 250 pesos al básico. Ahora que se ha roto ese precario frente de hecho de la burocracia, la unidad de la lucha (no digamos ya de la posibilidad de profundizarla) depende por completo de que se forme una dirección compuesta por representantes de las asambleas de cada lugar de trabajo. La cuestión de la unidad se plantea también en los lugares de trabajo que se encuentran divididos en diferentes sindicatos. Toda la situación exige, como se puede ver, la elección de comités de huelga por las asambleas, que deben rendir cuentas ante ellas.

Un comité de representantes de comités de huelga de toda la provincia resulta a esta altura absolutamente necesario para organizar la huelga general indefinida, que la conciliación compulsiva de Solá ha hecho impostergable. Porque ese decreto que pretende ilegalizar la lucha es una demostración definitiva de que el gobierno provincial de Kirchner y de Duhalde no tiene intención de ceder sino ante una presión popular extrema. La revisión de la desición de acatar la conciliación, por parte de ATE, no alcanza porque si la lucha se parcializa sus dirigentes volverán sobre sus pasos para argumentar a favor de un levantamiento de la lucha.

El gobierno de Kirchner ha conservado, hasta el momento, su autoridad ante los capitalistas no solamente porque envía tropas a Haiti, hace arreglos favorables a las privatizadas, reafirma una ley de flexibilización laboral o triplica el pago de la deuda externa en ‘default’. Lo ha logrado porque no ha cedido nunca ante ningún reclamo popular y porque con esto ha conservado en forma integral la cuota de superbeneficios capitalistas creados por la devaluación. Pero la lucha de estatales y docentes bonaerenses sólo puede triunfar si obliga al gobierno a ceder. Hay dirigentes que creen que es posible alcanzar un compromiso ‘sin vencedores ni vencidos’ –por eso actúan a media máquina y a medias tintas, o sea no trabajan para largar una huelga indefinida que sea victoriosa. Quieren ganar el conflicto sin derrotar al gobierno. Imposible.

En esta coyuntura política fundamental de la lucha de estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires decimos: soberanía de decisión de las asambleas; nada sin ellas ni contra ellas. Elección de comités de lucha o huelga responsables ante las asambleas. Por un comité provincial de representantes de las asambleas generales de los lugares de trabajo. Por la huelga general indefinida con ocupación de edificios e instalaciones. La victoria. Los 250 pesos al básico.