Los funcionarios del área “social” del gobierno acaban de revelar que, de aquí a fin de año, está previsto el desalojo de 3.000 familias en toda la Capital. Si se tiene en cuenta que en los primeros ocho meses del año ya fueron desalojadas 3.600, los expulsados en 2007 ascenderían a 6.600 familias.

La cifra supera en varias veces los desalojos de años anteriores. Un funcionario del gobierno advierte que es el “triple de lo que teníamos previsto” (Clarín, 7/9). Anticipa, de ese modo, que la mayoría de los desalojados no contarán siquiera con los miserables “subsidios habitacionales” que provee el Estado en estos casos.

Según el gobierno, la ola de desalojos se explica por el “auge inmobiliario” —que estimula a propietarios a desalojar las casas que tenían ocupadas para luego venderlas- y también por el “boom” turístico, por el cual “los dueños de hoteles baratos decidieron convertir a sus establecimientos en hoteles para turistas” (Clarín, ídem). Según esta particular “explicación”, tendría que venir una depresión económica o un reflujo del turismo para que se frenen las expulsiones. Lo que los funcionarios no dicen es que el Estado actúa decididamente a favor de la penuria de vivienda: la ocupación de casas, o la vida en hoteles indignos, es el resultado de la liquidación de cualquier perspectiva de vivienda social en la ciudad. Frente a un panorama de 150.000 familias sin vivienda adecuada, el gobierno terminará 2.400 casas en 2007. Con ese “ritmo”, la penuria de vivienda actual demandaría 70 años en cubrirse, ello sin contar el crecimiento vegetativo de la población sin techo. En la Capital, el Plan Federal kirchnerista prevé construir 7.600 casas en el próximo trienio, o sea, la misma miseria que construyó Telerman. El reciente “ajuste” del presupuesto redujo las partidas de vivienda social en 50 millones de pesos. La Ley de Emergencia Habitacional sancionada hace tres años creó un “fondo” que nunca tuvo recursos, es decir que se trató de un fraude legislativo. Mientras tanto, el gobierno acaba de postergar por un año las restricciones para la edificación de megatorres de lujo, lo que acelerará el furor inmobiliario por terrenos y casas y, por lo tanto, los desalojos previstos.

Siete mil desalojos son una catástrofe social. El gobierno y la Legislatura de Macri, Kirchner y Carrió asisten impotentes a este desastre que se viene. Más que nunca, está planteada la suspensión inmediata de los desalojos, por un período no inferior a dos años. En el ínterin, debe ponerse en marcha un plan de viviendas sociales disponiendo de los terrenos del Estado y destinando a este objetivo no menos del 40% de los recursos prestables del Banco Ciudad. Por este programa, el Congreso de Vivienda del Polo Obrero de la Ciudad resolvió, días atrás, un plan de lucha.