El gobierno nacional radicó una denuncia de “complot” que “amenaza con el derrocamiento de los poderes constituidos”, “basado en una escalada de violencia” (La Nación, 29/6).

En los fundamentos “se pregunta”, “si estamos en presencia de una maquinación concertada para alcanzar con intencionalidad objetivos de máximo alcance que puedan poner en peligro más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones constituidas y legítimamente funcionando” (ídem).

Un documento preparatorio fue “analizado por el propio Duhalde con un grupo de jueces, fiscales, autoridades policiales y por el ministro de Justicia”. “Las figuras previstas son: violación de los artículos 181, 182, 183, 184, 190, al 197, 209, 210 al 213 bis, 226, 229 y 230 del Código Penal y la Ley 23077 de defensa del orden constitucional y de la vida democrática” (La Nación, 28/6).

La presentación judicial realizada por el entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, fue elevada al procurador de la Nación, Nicolás Becerra, quien la derivó al fiscal ante la Cámara Federal, Norberto Quantín. Este ya presentó las actuaciones a la justicia federal y la causa quedó a cargo del juez federal Oyarbide.

La Nación misma, que impulsó profusamente esta tesis y publicó como “prueba” el plan de lucha piquetero de la Asamblea Nacional del 22 y 23 junio, comenta sin embargo, que “el fiscal deberá tener en cuenta que la denuncia por el supuesto complot fue presentada antes de que Duhalde admitió que los hechos de Avellaneda no fueron el inicio de una escalada de violencia para derrocar al gobierno sino una feroz cacería de policías bonaerenses contra piqueteros desarmados” (ídem).

Esta denuncia judicial, que nos encuadra jurídicamente en la Ley de Defensa de la Democracia y que podría valernos varios años de cárcel, formó parte de la decisión política de reprimir salvajemente a las organizaciones piqueteras que nos movilizamos el 26/6, tomada en reuniones de buena parte del gabinete.

Aunque el ministro de Alfonsín en el gobierno de Duhalde cayó junto con la cúpula de la bonaerense, la denuncia ha quedado y es una espada de Damocles sobre el movimiento piquetero.

Está claro que la inmensa reacción de la marcha del 27 de junio, en medio de un virtual estado de sitio, quebró una plan de represión al conjunto de las luchas del pueblo.

Las organizaciones obreras y populares debemos arrancar la anulación de esta patraña para encarcelar a la dirección piquetera y por la lucha por el juicio y castigo a los asesinos empezando por el Presidente y todo el gabinete nacional.