04/05/2006 | 944

Sigue la legislación laboral de Martínez de Hoz y de Cavallo


El ahora kirchnerista Héctor Recalde dio en la tecla cuando el domingo pasado dijo que “los costos laborales están en uno de los pisos más bajos de nuestra historia y la rentabilidad de las empresas en una de las más altas” (Clarín, 30/4). Lo que Recalde no dijo es que esa ecuación es el resultado de la politica de devaluación del peso, inflación y contención salarial desplegada por Kirchner con la anuencia del conjunto de la burocracia sindical, llámense Moyano, “gordos”, Barrionuevo o Hugo Yasky.


 


Esta política (capitalista) viene de ser reforzada por la firma compulsiva de los nuevos acuerdos salariales con el tope del 19%, separados en dos o tres cuotas. Las últimas paritarias volvieron a mostrar que los convenios colectivos de trabajo siguen siendo una “institución” estatizada al servicio de los intereses patronales. La burocracia ni siquiera pudo lograr la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo: es que la sola actualización de ese mínimo obligaría a un replanteo de muchos convenios cuyos básicos están por debajo de los 800 pesos.


 


No por casualidad la mayoría de las patronales acordó, en esos convenios, realizar aportes a los sindicatos por cifras millonarias. De esta manera “compran” el compromiso de la burocracia de no salir a sindicalizar a los trabajadores.


 


Esta realidad explica los cambios laborales que tuvieron lugar en estos últimos tres años y aquellos que ahora impulsa Recalde en el Congreso, con el apoyo retaceado de Kirchner.


 


Lo que sobresale como balance del último trienio, es que el kirchnerismo conservó el 95% o más de la legislación laboral y de seguridad social de la dictadura y la que en los ‘90 implantó el menemismo (con el aporte del “gobernador” Kirchner). Ahí están la privatización de las jubilaciones y accidentes de trabajo (AFJP y ART); la ley de “Solidaridad Previsional” de Menem y Cavallo en todo lo que tiene que ver con la supresión de la movilidad de las jubilaciones y pensiones; las pasantías y los contratos de aprendizaje basura; la fragmentación, por empresa, de los convenios colectivos; el fraccionamiento de las vacaciones en cualquier época del año; la polivalencia funcional….


 


Cuando tuvo la oportunidad de encarar una reforma laboral amplia —por la caída de la ley Banelco— a comienzos de 2004, el kirchnerismo hizo aprobar la ley de “reordenamiento laboral” 25.877, impulsada por Tomada, que reforzó el poder de la burocracia en la negociación de los convenios de trabajo ( “negociación por actividad y empresas centralizadas”), “sin eliminar las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo efectuadas por la dictadura militar ni la mayoría de los cambios legislativos de los ‘90” (Clarín, ídem).


 


Aunque marginales y limitadas, las mayores impugnaciones laborales provinieron de la Corte Suprema, que cuestionó algunos aspectos de la ley de ART (prohibición de hacer juicio o el pago en cuotas mensuales para los accidentes graves o mortales) y el tope a las indemnizaciones que la ley de Kirchner-Tomada había ratificado. La Justicia también amplió la responsabilidad del contratista principal en el caso de los trabajadores contratados por tercerizadas.


 


Estrictamente, el Congreso kirchnerista aprobó hasta ahora sólo dos modificaciones: devolvió a la competencia de la Justicia laboral la demanda del trabajador de una empresa concursada o en quiebra (que hasta ese momento debía ponerse en la cola de un juicio comercial) y la que permite al trabajador oponerse a la modificación unilateral de sus condiciones laborales (o sea, de las condiciones laborales vigentes de flexibilidad laboral). Ahora, el gobierno enviaría al Congreso una nueva ley de ART, pero con el único fin de limitar las impugnaciones que ha hecho la Corte Suprema. En el Congreso, por su lado, Recalde impulsa algunos proyectos, de los cuales dos tienen cierta importancia: el que amplía de 2 a 5 años la prescripción de un juicio laboral y el que anula el llamada capítulo Pyme en los convenios de trabajo. Pero justamente porque tienen cierta importancia, Kirchner mandó demorarlos o frenarlos, como se lo pidieron las patronales.


 


El abogado de la CTA, Héctor Meguira, tiene razón cuando afirma que las principales leyes surgidas del “acuerdo marco de 1994”, entre la CGT y la Unión Industrial, “no se han revertido” y que los últimos cambios “están dirigidos a algunos aspectos del derecho individual pero no altera en lo sustancial las relaciones laborales y de poder entre los empleadores y trabajadores” (Clarín, ídem). Pero Meguira no dice que la CTA, en los sindicatos donde tiene influencia (a veces en mayor medida que la burocracia moyanista), sigue reforzando esa relación laboral perjudicial para los trabajadores. Ahí está el acuerdo salarial “de pobreza” de la Ctera con Filmus o la miseria de la Utpba (prensa). Yasky, D´Elía o Depetris son apéndices del Estado.


 


Planteamos:


 


• Derogación de toda la legislación laboral y de Seguridad Social de la dictadura y el menemismo.


 


• Expropiación de las AFJP. Por una jubilación única estatal sobre la base del 82% móvil y el control de los trabajadores y jubilados.


 


• Elección de los paritarios y aprobación de los convenios por asambleas de trabajadores. Independencia de los sindicatos del Estado.


 


• Fuera la burocracia de los sindicatos.

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