La privatización de la empresa de energía de Córdoba (Epec) es uno de los objetivos principales del golpe de estado dado por De la Sota con la disolución de la Legislatura y la posibilidad de elegir en octubre otra que le sea completamente adicta.

Ocurre que a pesar de lo lucrativo de la operación, la privatización no logra arrancar, debido, se dice, a la crisis financiera. Se trata de un negocio de distribución, transporte y comercialización de energía, que permite el traslado a las tarifas de cualquier alteración en los costos o en el mercado. Un pulpo energético tan poderoso como AES, sin embargo, cita las “condiciones del mercado financiero argentino” como un obstáculo para hacer la oferta correspondiente, cuando tiene a mano el mercado financiero internacional. El de la energía es un mercado cautivo, es decir que mantiene su demanda con relativa independencia de los ciclos de la economía, de modo que incluso en caso de cesación de pagos de Argentina, no pierde sus principales atributos de rentabilidad.

El pretexto del costo del financiamiento deja entrever, por todo esto, que los grupos interesados quieren obtener un contrato tipo Aerolíneas, o sea que permita comprar Epec con un crédito garantizado por los propios activos de la empresa estatal. De cualquier manera, está claro que los pulpos privatizadores quieren aprovechar la crisis para comprar Epec a precio de remate.

Para consumar semejante atropello, De la Sota necesita una legislatura que le sea incondicional, porque de lo contrario el escándalo de un negociado podría acabar con la privatización. El destino del patrimonio público está entonces directamente ligada al resultado del golpe de estado, lo cual plantea unir la lucha contra la privatización al boicot a la “constituyente” trucha.