La aparición del síndrome urémico hemolítico ya se ha cobrado la vida de varios niños pequeños y las víctimas se han ido extendiendo de Mar del Plata al centro y oeste del país.

“Según la opinión de calificados especialistas”, dice el insospechable (para estos casos) La Nación (14/1), “las causas del mal estarían relacionadas con el consumo de determinados alimentos en mal estado”. El diario reclama, entonces, “una investigación minuciosa y profunda” e “individualizar a quienes transgreden las normas de seguridad”, esto porque “la salud pública está ligada, por vínculos cada vez más estrechos, con el sistema de producción y distribución de alimentos”.

Esta ‘sana’ observación no es más que pura hipocresía ya que hace abstracción de la política privatizadora del gobierno, que no sobreviviría un instante si el Estado ejerciera todos los controles sociales necesarios, así como de la política presupuestaria, que ataca todos los gastos destinados a la protección social y abulta los que sirven para el coimeo y para el subsidio a los grandes capitalistas. El país ya conoció el caso de los vinos adulterados y el del propóleo, e incluso hoy se ventila, en otro campo, la adulteración de las naftas con solventes.

La tragedia que enluta hoy a varias familias está determinada por la estructura social y política del país, dominada como nunca antes por los grandes monopolios capitalistas.