El Código Procesal Penal de Tucumán permite la detención e incluso la investigación con el sólo conocimiento de los hechos sin definir la calificación penal atribuida.

 

En el caso de los compañeros detenidos y posteriormente liberados en Tucumán, los hechos leídos en su indagatoria pueden ser encuadrados en una amplia gama de tipos penales, desde hurto o robo agravado hasta delitos electorales y atentado contra la democracia.

 

Esto quedará sujeto a la discrecionalidad de la fiscalía, que cuenta con un año (dos meses prorrogables, primero por otros dos y luego hasta ocho con autorización del juez) para definir si los lleva a juicio y por qué delitos.

 

Se trata de un sistema pérfido que vulnera el derecho de defensa: el acusado no sabe en todo ese tiempo de qué se lo está acusando exactamente.

 

Este es el sistema acusatorio que ha sido presentado a nivel nacional como el paradigma de las garantías constitucionales y el derecho de defensa.