15/06/2020

Sobre la soberanía alimentaria

El gobierno nacional ha intervenido la aceitera Vicentin y le costará 1.350 millones de dólares en concepto de deudas de la privada. El presidente Alberto Fernández ha declarado que fue un “rescate al servicio de la soberanía alimentaria” del país mientras que, según lo informado por Infobae mediante el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, “en los hogares de obreros o cuentapropistas formales, el 62% está suspendido o perdió el empleo (8% ya no tiene trabajo), mientras que en los sectores informales, ese porcentaje asciende al 90%, de los cuales el 8% perdió el trabajo. En materia de ingresos, el 5% registra más que antes de la cuarentena; 29% respondió que sus ingresos no cambiaron; el 47%, que se redujeron; y un 17% dijo que directamente no tuvo ingresos. Pero el porcentaje que no cobró nada en CABA es del 10%, contra el 19,5% en el conurbano”. Frente a esta impostura del presidente, cabe un análisis acerca del concepto “soberanía alimentaria”, sus falacias y su utilización.


El origen del concepto y un análisis del planteo


Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 la Vía Campesina Internacional acuñó este término y abrió debates gubernamentales acerca de las condiciones materiales del campesinado, su expropiación por parte de los monopolios y en definitiva las condiciones de vida de todas las personas en lo que respecta a la salud y la alimentación. A lo largo de estos 24 años, este concepto ha sido levantado como consigna por distintos movimientos campesinos, agrupaciones ambientales y partidos políticos.


La “soberanía alimentaria” es definida por Vía Campesina como “el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros” y sus seguidores explican que se debe “vivir con lo nuestro”. Esta frase trae consigo la pregunta de ¿qué es “lo nuestro”? en un país que es uno de los mayores tenedores de tierras para el cultivo del mundo pero que esas tierras hoy no se encuentran en manos de los trabajadores que las explotan sino en manos de grandes terratenientes que las rentan a los pooles de siembra manejados por monopolios multinacionales. Aquí se vislumbra la primera limitación del planteo, ¿en manos de quién tienen que estar las tierras y los medios de producción del agro? La salida propuesta por estos grupos involucra un intervencionismo estatal que, como veremos, termina siendo reproductor de la misma miseria actual, al mismo tiempo que la expropiación de Vicentin dejaría el grueso de la producción y la comercialización agraria en manos privadas.


En el programa de Vía Campesina se incluye “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población; el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce; la participación de los pueblos en la definición de política agraria”. Este planteo nacionalista desarrolla la idea de que cualquier país semicolonial -en particular Argentina- podría “autoabastecerse” y darle de comer a toda su población con la producción propia. Sin embargo, esto no se puede referir a una “improductividad” ya que Argentina produce carne suficiente para alimentar 113 países (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), es el 4° exportador mundial de soja y el mundo entero produce 8 veces la cantidad de alimento necesario para alimentar a toda la población, ¡mientras que en los barrios la población pasa hambre!


A lo que se refiere este planteo es a un cambio en la orientación de la economía, dejando de privilegiar el mercado mundial y favoreciendo lo “local”. Pero esto no contempla el desarrollo de las fuerzas productivas y la consiguiente división del trabajo mundial. Realmente, el problema se encuentra en los modos en que se produce actualmente, que siguen las leyes de la acumulación capitalista y los intereses de clase que defienden los gobiernos para seguir favoreciendo las ganancias de los pulpos del agronegocio. Las crisis que atraviesa el mundo son de sobreproducción y la “distribución” de la economía no es posible gracias a los propios intereses que defienden los Estados.


La producción hoy está regida por el capital financiero internacional con métodos contaminantes y depredadores de la tierra y de las condiciones de vida del campesinado y los obreros rurales. De hecho, a lo largo del siglo XX el campesinado fue desplazado por la producción a gran escala con métodos expropiatorios y en las últimas décadas esto se siguió desarrollando con el auge del monocultivo, que arrasó hectáreas y hectáreas de tierras ocupadas y de bosques nativos. Los responsables de esto son los gobiernos capitalistas de todo el mundo que garantizan entre otras cosas la dependencia tecnológica con los monopolios para el desarrollo productivo alimentario. En nuestro país, con la Ley de Semillas, la rezonificación basada en la Ley de Bosques y las fumigaciones con agrotóxicos como ejemplos, el Estado argentino ha empoderado a grandes empresas como Monsanto-Bayer y ha reforzado la depredación ambiental durante todos los gobiernos desde Menem hasta la fecha. Actualmente la tecnología y el desarrollo productivo son utilizados para el beneficio del capital -y hasta incluso manipulados en detrimento de otros tipos de tecnologías, como en el caso energético-, lo que saca a la luz la necesidad de poner ese conocimiento y los medios de producción en manos de la población para su utilización en beneficio de los intereses de los trabajadores. Por lo tanto el planteo de priorizar “lo local” sin tener un programa que modifique de fondo los modos de producción alimentaria actuales es simplemente un saludo a la bandera.



La búsqueda de un desarrollo de la pequeña producción como norma entra en contradicción con la propia dinámica de esta a lo largo de la historia, que justamente dio origen a la concentración del capital actual. Es por esto que frente al “derecho de la población a producir sus propios alimentos”, planteamos la producción a gran escala y control obrero, lo que permitiría reorientarla con métodos no contaminantes hacia las reales necesidades de alimentación de la población, que debe tener derecho a veto por parte de los trabajadores del campo y la ciudad y de asambleas y organizaciones ambientales. Como parte de este planteo, combatimos la tendencia capitalista a expropiar al campesinado.


Por lo tanto, la idea de que se irá en el sendero de una soberanía alimentaria reformando el capitalismo, convirtiéndolo en uno que sea ecoamigable y al mismo tiempo traiga respuesta a la miseria y el hambre, es una salida idealista que lejos está de representar el verdadero interés de clase de la población, y representa, por el contrario, una política de conciliación con los Monsanto.


La estatización del término


La defensa de la “soberanía alimentaria” cae, como vimos, en un populismo idealista al buscar en el propio problema su solución. Este desarrollo teórico lo han utilizado durante los últimos 20 años a su favor todos los gobiernos “nacionales y populares” de América Latina en países semicoloniales que tienen exclusivamente una primarización de la economía. Argentina con el agro, Venezuela con el petróleo, Bolivia con el gas. Las políticas en “defensa de soberanía” de los nacionalismos son inconsecuentes frente al imperialismo, ya que mientras estas décadas se han desarrollado distintas nacionalizaciones, la realidad muestra que estas han sido rescates al capital y no un progreso en materia soberana. En 2008 fue Chávez quien estatizó la siderúrgica venezolana Sidor con un pago abismal -mayor a lo que cotizaba la empresa en el mercado internacional- en pos de regimentar la lucha emprendida por los obreros en defensa de su convenio colectivo de trabajo. En 2012, fue Cristina Kirchner quien nacionalizó YPF intercambiando las figuritas de Repsol por Chevrón “a cambio del pago de pasivos ambientales” -como dijo Kicillof en su momento-, cosa que terminó en todo lo contrario.



La “soberanía alimentaria” entra en juego en el gobierno de Alberto Fernández como una figurita que busca tapar la crisis sanitaria y económica que vive el país bajo esta pandemia, ya que el planteo propuesto por el oficialismo es limitado. Más aún, el desarrollo del agro para el gobierno nacional es una apuesta clave de su estrategia para la recaudación de divisas para el pago de la deuda, mientras se transita un default técnico al mismo tiempo que sus otros caballitos de batalla están heridos: Vaca Muerta con la caída del precio internacional del petróleo y la megaminería con la rebelión popular mendocina que está contagiando también a Chubut.


Está planteada entonces una nacionalización que habla en nombre de la “soberanía alimentaria”, pero encubre un rescate al capital ya que no representa ningún paso hacia adelante, ni siquiera en los términos reformistas en que fue planteado el concepto. Mientras el gobierno de Alberto Fernández siga declarando la megaminería como actividad esencial durante la pandemia, mientras se reduzcan las tasas de interés a la importación de agrotóxicos, mientras siga desmontándose de manera masiva, mientras los barrios populares no tengan acceso al agua potable, la “soberanía alimentaria” quedará relegada y sólo será utilizada como una pantalla para la cooptación del Estado.


Nuestra salida a la miseria y el hambre de los pueblos


El aislamiento social obligatorio vino a recrudecer la crisis económica, social y sanitaria preexistente. Las movilizaciones del Polo Obrero con la consigna #ConHambreNoHayCuarentena demuestran la realidad de los asentamientos de nuestro país. La población está sumergida en la precarización laboral y los despidos son masivos como así también las respuestas de los trabajadores organizados por su salario y sus condiciones de vida. La explotación de los trabajadores por los capitalistas no exceptúa a los trabajadores ni peones rurales que sufren las penurias de extensas jornadas de trabajo, derechos básicos negados y el trabajo infantil de sus hijos.


El campesinado argentino, mínimo en su expresión productiva frente a los grandes pooles de siembra monopolizados por multinacionales, es oprimido por el Estado de diversas maneras: el avance de la frontera agrícola requiere deforestación y esta genera expropiaciones de tierras de los campesinos y de familias que viven de la agricultura familiar, y esto es avalado por los gobiernos locales, como publicó recientemente la NASA la realidad en Salta-Chaco. Pero esta opresión es parte de la explotación sistémica a la que estamos sometidos todos los trabajadores bajo las leyes del capitalismo.


La lucha del campesinado por todas sus reivindicaciones debe unirse a las del movimiento obrero rural para así pegar con un solo puño al verdadero enemigo que tienen la miseria y el hambre que es el propio régimen capitalista y el Estado burgués que lo sustenta. La defensa de las condiciones de vida del campesinado, el derecho de toda la población a alimentarse de manera sana y nutritiva solo se podrán alcanzar transformando la sociedad de fondo, desarrollando una planificación de la economía para dar respuesta a las necesidades de la población, cambiando el lucro capitalista por los intereses de la clase obrera y en definitiva poniendo la producción alimentaria en manos de sus trabajadores. Esta planificación no podrá darse bajo la anarquía del capital y, por lo tanto, para luchar por una verdadera “soberanía alimentaria” es necesario luchar por un gobierno de trabajadores.



 

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