La excarcelación del ex jefe policial Tognoli no ha despejado una sola de las acusaciones que se yerguen sobre la policía de Santa Fe. La Justicia ha determinado que las ‘averiguaciones’ en favor de ciertos narcos -que estaban siendo seguidos por otras fuerzas de seguridad- fue realizada desde las más altas oficinas de la jefatura policial de la provincia. Lo que no pudo determinarse aún es quién pidió los datos de los vehículos que perseguían a los narcos: si fue Tognoli o un subordinado. Lo único que está por verse, entonces, es si la connivencia con los narcos le correspondió a Tognoli o resultaba patrimonio del conjunto de la cúpula policial. A pesar de ello, la Justicia le dictó la ‘falta de mérito’ a Tognoli.

Pero más bochornosa aún ha sido la defensa de la policía provincial que Hermes Binner realizó horas después, en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por los radicales, el FAP y Solanas. La connivencia del gobierno socialista-radical de Santa Fe con la descomposición policial ha vuelto a quedar en claro.

Opositores rescatan al aparato policial

En ese contexto, en la Cámara de Diputados santafesina, el peronismo cristinista, los demás sectores peronistas y el PRO han sancionado la ley de “Emergencia en Seguridad”, la cual plantea una depuración de oficiales y jefes policiales sospechados e investigados en sede administrativa o judicial -un punto que el gobernador Bonfatti ya anticipó que vetará. Pero, al mismo tiempo, facilita la incorporación de efectivos “capacitados y supervisados por las fuerzas especiales” -o sea, un régimen de fuerzas de élite. Luego, plantea un reforzamiento presupuestario integral de la policía -el que incluye compra de vehículos, construcción de cárceles y mayor libertad en el manejo de compras directas para las jefaturas. Detrás del pase al costado de algunos jefes, el kirchnerismo y el PRO apuntan a reforzar al sospechado aparato policial. En el medio, la Legislatura no consideró la reapertura integral de una investigación sobre los casos de los pibes de Newells, de los jóvenes ligados a la Darío Santillán o de las múltiples denuncias sobre prostíbulos y trata de personas en Rosario y sus alrededores.

Nada se responde a los familiares de las decenas y decenas de víctimas de las bandas, ni tampoco a las organizaciones populares y de derechos humanos, las que reclaman la investigación hasta las últimas consecuencias de este entramado alojado en el seno del Estado.

Bonfatti tiene que rendir cuentas y ser sometido a juicio político por su responsabilidad.

Cárcel a Tognolli y a todos los implicados hasta el momento. Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinatos contra el pueblo en estos años. Por el inmediato esclarecimiento de los crímenes de Patón, Mono y Jere (de la Darío Santillán).

Destitución inmediata de todos los jefes policiales, por un cuerpo de seguridad ciudadana responsable ante la población, así como ante organizaciones populares y de derechos humanos.