Solá posterga el revalúo inmobiliario rural
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El gobierno de la provincia acaba de postergar para después de las elecciones el revalúo inmobiliario rural, “ante la negativa del 70% de los productores a la propuesta” (La Nueva Provincia, 16/8).
Según la Ley de Catastro Provincial se debe realizar un revalúo cada 10 años, pero “por razones diversas, y sin perjuicio de algunos cambios introducidos en ese lapso, no se realiza un revalúo desde 1952” (La Nación, 5/7). En 1997, el gobierno Duhalde consumó una ficción de revalúo, porque acabó cediendo a todas las exigencias de los latifundistas. Por un lado, determinó que la valuación de la tierra partiera de “los valores de la tierra rural libre de mejoras, correspondientes a 1995, como habían solicitado las entidades del campo”; por el otro, estableció “la disminución no compensada de la progresividad en la escala de imposición del inmobiliario rural” (La Nación, 9/10/97).
La devaluación de enero de 2002 trajo consigo un salto colosal en los beneficios de la “patria” terrateniente y agroexportadora, aportados por el salto en las exportaciones, la licuación de sus deudas en dólares y la valorización de los campos. Para el 2003, Solá pactó un aumento provisional del 50% promedio en el impuesto inmobiliario rural, que no contempla para nada el aumento del precio de la hectárea de tierra cultivable.
El impuesto inmobiliario rural aporta sólo el 1,69% del total de ingresos provinciales
El inmobiliario rural aportó, en el 2002, 120 millones de pesos, un 1,69 del total de los ingresos provinciales. Una cifra que se explica por la evasión, pero también por las trampas de la valuación fiscal de los campos.
¿Cómo se determina el inmobiliario rural? Existe un valor óptimo de la tierra, tema central de debate, que se determina mediante una combinatoria que une el precio de mercado, las características agroecológicas, el nivel de producción y las características económicas generales. Este valor se multiplica por un coeficiente de ajuste determinado por las características físicas del campo (presentado por cada productor) para dar finalmente la valuación fiscal que tienen esas hectáreas y ese campo.
La ley impositiva de la Provincia determina una alícuota que se aplica sobre la valuación que así se determina.
Primero: ¿quién determina esta valuación? Según lo planteado en la ley (10.707), la determinan comisiones por municipio formadas por las organizaciones del campo, entidades profesionales, martilleros y funcionari os del catastro provincial y municipal. Si no hubiera acuerdo el gobierno se reserva la última palabra, pero desde hace cincuenta años esa “última palabra” es la de la Sociedad Rural.
Segundo: ¿cómo se determina esa valuación? En la escala de ítems considerados para fijar el llamado valor óptimo de la tierra no se toma en cuenta que el campo pueda ser una fracción de una multiplicidad de unidades pertenecientes a un mismo propietario, que las ha dividido para eludir el pago de impuestos.
Oligarquía y FMI
En los últimos años se ha producido una eno rme concentración de la tierra (el último censo constata una caída del 30% de explotaciones en los últimos diez años), que está caracterizada por la apropiación de inmuebles dentro y fuera de cada partido, pero en particular por esta última modalidad. En un estudio realizado en 1988 en la zona del Salado se constató que “casi el 80% de los mayores propietarios (29 de los 37 que tienen 10 mil o más hectáreas) tienen tierras en más de tres partidos distintos dentro de los 27 que componen la cuenca analizada” (Basualdo: Los dueños de la tierra, 1988).
Al postergar la decisión sobre el revalúo inmobiliario, el gobierno de Solá-Duhalde ha resuelto evitar una crisis antes de las elecciones y guardarse una carta frente a las imposiciones de los acreedores y el FMI en relación a la deuda pública. A lo largo de la década el imperialismo reclamó en distintos momentos una disminución de la coparticipación a las provincias para el pago de la deuda externa, planteando que fuese cubierta con el aumento del impuesto inmobiliario. En 1990 Antonio Cafiero dio curso a esta exigencia de los banqueros impulsando un impuesto adicional progresivo, lo que provocó un enorme rechazo de la oligarquía y una crisis política que llevó al recule del gobierno de la provincia.
Planteamos un impuesto progresivo al latifundio y las grandes comercializadoras. La valuación fiscal debe estar a cargo de organizaciones obreras, especialmente las rurales.