Contra la voluntad del gobierno, la oposición política logró aprobar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura por amplia mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Si el proyecto es aprobado, puede tratarse de “la primera victoria seria” de la oposición tras la elección del año pasado. En esa oposición, y con rango de protagonista, está Proyecto Sur.

El Consejo de la Magistratura es una criatura del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, a iniciativa de éste y con el pretexto de fundar una “justicia independiente”. Su función es seleccionar las ternas de candidatos a jueces nacionales y federales, para que luego sean designados por el presidente de la nación con acuerdo del Senado y, a la vez, administrar la justicia, imponer sanciones y actuar como ente acusador en caso de juicio político a un juez.

Dotado de tales enormes poderes, el Consejo no es elegido por el voto popular, sino por las corporaciones de la “justicia” –la burocracia del Poder Judicial, las asociaciones de abogados y jueces– junto con el Ejecutivo y el Congreso.

(Solanas ha seguido, en este punto, a su admirado Evo Morales, quien prometió la elección de los jueces por sufragio universal en el momento de hacer campaña por la Constituyente y convirtió luego este planteo en una parodia: el Congreso de Bolivia, con el voto de los dos tercios, es quien designa los postulantes que luego serán “elegidos” por el voto popular).

En el momento de su creación, el Consejo tenía 20 integrantes, pero el gobierno K bajó su número a 13 y dotó a sus autoridades de poder de voto para tener un organismo fácilmente manipulable. La oposición ahora lo constituye con 18 integrantes, aumentando el número de diputados y senadores (serán tres en cada caso, un tercio sobre el total) y suma al propio presidente de la Corte Suprema, organismo al que supuestamente el Consejo debía restarle atribuciones, haciéndose cargo de la administración de la justicia.

El proyecto, más allá de acotar el poder del gobierno, busca zanjar la crisis entre la Corte y el Consejo sobre atribuciones y “caja”. Poco tiempo atrás, la Corte “declaró inválida una resolución del Consejo por la que se había declarado competente para ejercer funciones de superintendencia sobre sus funcionarios y empleados”, considerándolo un “exceso” (Centro de Información Judicial, 19/1).

La novedad de este engendro es el apoyo entusiasta de Proyecto Sur, que exigió algunos cambios cosméticos para disimular esta victoria de las corporaciones.

Solanas es un “hombre de (este) Estado”. Lo reveló con el planteo de resguardar a los acreedores de la deuda –a través de un fideicomiso en el que debían depositarse los fondos de los pagos mientras se sustanciara una investigación y reincide ahora, con la defensa de la “justicia”.