Políticas

8/7/2017

Son todos Odebrecht

Entre la corrupción K y la corrupción M


En un movimiento de pinzas, el gobierno intentó esta semana tomar la iniciativa para presentarse como un adalid de la lucha contra la corrupción y disimular sus propios chanchullos.


 


Por un lado, en la sesión de Diputados del miércoles 5, intentó hacer pasar un artículo en la “ley de responsabilidad empresaria” que otorgaba al Procurador del Tesoro el poder de pactar con empresas “acuerdos de colaboración” por fuera del ámbito de la justicia y con retroactividad sobre el supuesto delito cometido. A cambio de información sobre el pago de sobornos, las empresas recibirían multas atenuadas e incluso la continuidad de sus negocios en el país. El artículo fue bautizado como “artículo Odebrecht”, por la indisimulable pretensión del macrismo de darle un viso legal a las intensas negociaciones que desarrollan el ministro de Justicia Garavano y Laura Alonso para anticiparse a la procuradora Gils Carbó en el acceso a la nómina de quiénes recibieron coimas de la constructora brasileña. El gobierno y la jefa de los fiscales –enrolada en el kirchnerismo– compiten por administrar esa lista, que incluiría a empresarios, funcionarios y operadores de uno y otro bando. Entre otros, Iecsa, la empresa que pertenecía a Ángel Caltcaterra, el primo de Macri, cuando se asoció a Odebrecht en la obra inconclusa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento; y Gustavo Arribas, operador oficioso de los Macri que pasó de negociar pases de futbolistas a ser el jefe de los servicios de inteligencia argentinos.


 


En la misma sesión, los diputados macristas también amagaron con precipitar la votación por el desafuero de Julio De Vido, aun sin saber si contaba con los apoyos necesarios en el recinto y anticipándose a la decisión del juez Luis Rodríguez, quien 24 horas después rechazó el pedido de detención que había formulado el fiscal Stornelli (Rodríguez llegó a titular de un juzgado penal promovido por los K tras haber planchado, durante dos años, el avance de la “causa de las coimas” que se desprendió de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra y en la que estaban involucrados José Pedraza, jueces de la Cámara de Casación y servicios de inteligencia).


 


De Vido –quien está a punto de ir a juicio oral por la masacre de Once– está siendo investigado en esta oportunidad por el desvío de fondos destinados a la construcción de la central eléctrica que se proyectaba anexar a la mina carbonífera de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, mediante una triangulación con la UTN.


 


Vale recordar el origen de aquel proyecto, finalmente frustrado: borrar los rastros de responsabilidad política de los K en la masacre de 14 mineros, atrapados en un incendio en el socavón, ocurrida en 2004. La razón de fondo de ese desastre fue la precariedad de la mina, cuya seguridad era responsabilidad del gobierno de la provincia entonces gobernada por los Kirchner. Al momento del estrago, la concesión de la mina estaba en manos de Sergio Taselli, un empresario vaciador que, como Sergio Szpolski y Cristóbal López, prosperaron al amparo de los gobiernos K. Taselli formó parte, hasta 2007, del consorcio empresario corresponsable del vaciamiento ferroviario. Su empresa, Transporte Metropolitano, operaba los ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur. Una rebelión de pasajeros que destrozó la terminal de Constitución, en 2004, marcó su salida de la gestión de ese ramal, pero continuó recibiendo subsidios estatales, al amparo de De Vido y los K, por el San Martín y el Belgrano Sur hasta 2007. Los K también taparon sus andanzas en Parmalat, la empresa láctea que Taselli compró por un euro en 2005 y terminó de quebrar al poco tiempo.


 


Pero en la causa por la construcción de la central eléctrica está involucrada otra empresa, Isolux. “La caída de Isolux es un problema para Macri”, reseña Carlos Pagni en su columna de La Nación (6/7). “La empresa estuvo a cargo de las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y General López. Costaron más de US$ 2000 millones, entre un 50% o 70% más que el valor de centrales similares. (…) además de Isolux, participó Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra (…) Además de intervenir en obras de energía nuclear, Isolux es una de las encargadas de construir el Paseo del Bajo, en la ciudad. Otro tramo se lo adjudicó Iecsa, cuando todavía era de Calcaterra. Isolux puede convertirse en una mini-Odebrecht”.


 


El entrelazamiento de los principales representantes de los grandes bloques políticos capitalistas con los negociados está inscripto en su naturaleza social. De esto no se salvan ni Sergio Massa –otra vez según Pagni, éste “teme algún rasguño por el contrato Paraná de las Palmas, entre Odebrecht y AySA”, cuando era funcionario K– ni Florencio Randazzo –¿no fue acaso el principal operador del rescate de los vaciadores ferroviarios y de la burocracia pedracistas tras la caída en desgracia de Pedraza?


 


Pero entre la banda de los K, De Vido, Tasselli, Szpolski y Cristóbal López y la banda de los Macri, Calcaterra, Panamá Papers, el Correo Argentino y Avianca, los trabajadores tenemos al Frente de Izquierda.


 


El Partido Obrero denunció estos chanchullos mucho antes de la ruptura entre el kirchnerismo y Magnetto. Nuestros diputados presentaron ¡hace un año! un proyecto parlamentario para el desafuero de De Vido.


 


Es necesario sacar las conclusiones políticas de fondo y reforzar en las próximas elecciones la presencia de luchadores en el Congreso y en las legislaturas.


 


 


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